Pese a las quejas de los empresarios, y a las propuestas de los representantes políticos, los ayuntamientos reconocen que tienen muy difícil cumplir con la obligación de satisfacer las deudas con sus proveedores en menos de 60 días. Los retrasos acumulados en los pagos, algunos de ellos se demoran durante meses y años, están pasando factura a muchas pequeñas y medianas empresas que realizan servicios para las administraciones públicas, ya sea la regional o municipal.
Tal y como se presenta la economía, para muchas de estas empresas retrasar en exceso el cobro de una factura puede suponer la diferencia entre continuar con su actividad o cerrar el negocio. Por ello, desde el registro de Economistas y Asesores Fiscales han lanzado una serie de propuestas que pueden suponer un pequeño respiro para la maltrecha economía de las empresas proveedoras de las administraciones públicas. Por un lado, proponen un aplazamiento de las deudas tributarias que hayan contraído las empresas que puedan demostrar que un ayuntamiento les debe dinero. En muchos casos, estas empresas deben ingresar el importe correspondiente al IVA de una obra entregada a un ayuntamiento, y por la que aún no ha cobrado.
Con el fin de mejorar la liquidez a las empresas, la REAF propone abrir una línea de crédito a los ayuntamientos para que salden rápidamente sus deudas. Según su vicepresidente, Rodolfo Molina, sería una medida "sencillísima con la que ganarían las administraciones, las empresas, los trabajadores y los bancos".
