La medida anunciada ayer por el ministro Jesús Caldera tendría, evidentemente, un importante impacto en Extremadura. Tomando los datos del año pasado, en la región nacieron 9.897, una cifra que se mantiene prácticamente estable a lo largo de los últimos tiempos. Es decir, que en torno a 9.900 extremeños podrían tomarse siete días de baja por paternidad una vez aprobada esta iniciativa que se incluiría en la futura ley de igualdad.
En cuanto a su coste económico, si los cálculos del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales son correctos, la Seguridad Social aportaría en la comunidad 11,7 millones de euros al año.
Situación actual
Uno de los objetivos de este permiso de paternidad es avanzar en la línea de la conciliación de la vida familiar y laboral, permitiendo un mayor acceso de la mujer al mercado de trabajo y aumentando la actual tasa de natalidad. Para Extremadura estos fines tiene una importancia especial, entre otras cosas porque con una media de 1,26 hijos por mujer es una de las comunidades autónomas con una menor tasa de natalidad (la media nacional se sitúa en 1,32).
Los cambios sociales que ha experimentado España en los últimos años no sólo han reducido la natalidad en la región --en otras zonas la tasa se mantiene o incluso aumenta gracias al fenómeno de la inmigración-- sino que han retrasado sensiblemente la edad en que las mujeres deciden ser madres. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística señalaban que la edad de oro para dar a luz está en los treinta años, cuando hace sólo una década estaba entre los 25 y los 29 años.
Esto se debe sobre todo, según el antropólogo Domingo Barbolla, a que "la incorporación de la mujer al trabajo remunerado ha hecho que tengan otras aspiraciones y otras metas, y que ahora prefieran desarrollar su carrera profesional y luego tener los hijos". Para Barbolla el problema es que España carece de una política natalista "favorecedora" y de medidas que favorezcan la igualdad de género.
