La propuesta de Fischer suscitó el martes el rechazo contundente de UPA-UCE y Asaja y ayer se sumó al ´no´ Apag Extremadura. El colectivo advierte de que es un nuevo intento de desmantelar la PAC sin garantizar la renta de agricultores y ganaderos. Desde esta organización se asegura que los fondos que se quiten al campo tendrían como destino "proyectos no agrarios y desde esta organización nos oponemos a que con fondos agrarios se financie la política de la farolita". Además, Apag manifiesta que si se quiere imponer límites a los cobros, deben ser estudiados en profundidad "porque no todas las explotaciones son iguales" y tener en cuenta criterios como los gastos de personal o los arrendamientos que soportan algunas grandes explotaciones.

Mientras, el Grupo de Empresas Agrarias (GEA) de Extremadura, el recorte anunciado "no tiene sentido" en un marco como el actual de evolución "desmesurada" de los precios agrícolas que ha llevado a la "catástrofe económica" al sector. En esta situación, retirar fondos supondría, según GEA, la desaparición de dos tercios de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la región. Para esta agrupación, el pretendido ´chequeo médico´ impulsado desde la Comisaría de Agricultura, puede terminar siendo "un certificado médico de defunción para el sector agrario".