De no excesivamente grave, aunque sí algo preocupante, califican fuentes judiciales consultadas por EL PERIODICO la situación en Extremadura de las ejecutorias --sentencias pendientes de ejecutar--, asunto que se ha convertido en actualidad y suscitado debate y una fuerte polémica a raíz del trágico caso de Mari Luz, la niña de Huelva asesinada por un pederasta ya condenado y pendiente de entrar en prisión, o de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas debido a fallos del sistema.

Respecto a la situación en el caso concreto del único juzgado exclusivo de Violencia de Género existente en la región, ubicado en la capital pacense, las fuentes consultadas aseguran que "no es tan alarmante" ni tampoco "comparable" con la situación que hace unos días ha denunciado un juez de Madrid, en este caso titular de un Juzgado de Ejecutorias, de los que no hay en Extremadura.

Ni tampoco, señalan, hay un volumen de sentencias sin ejecutar en esta materia, en violencia machista, que sea demasiado voluminoso, en ninguno de los seis juzgados de lo Penal que hay en la región. Son estos los juzgados encargados de la ejecución de las sentencias que en esta materia dicta cada uno de los juzgados que, además de primera instancia e instrucción, tienen asignadas en la comunidad extremeña las causas de violencia de género o violencia contra las mujeres.

Acumulación

Cada uno de los dos juzgados de lo Penal de Badajoz pueden acumular entre 80 y 100 ejecutorias de violencia de género, un volumen y una situación "que nada tiene que ver" con la denunciada por el juez de ejecutorias de Madrid, señala Emilio Serrano, juez titular del Juzgado de lo Penal número 2 de la capital pacense.

Para Serrano "no existe comparación alguna, porque nada tiene que ver la situación que él expone en Madrid con la que tenemos aquí ", que asegura "bastante razonable y asumible", pese a la acumulación que se ha producido como consecuencia de los dos meses de huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia.

En su opinión, "la situación que tenemos nosotros se puede controlar, salvo que, y cruzo los dedos para que no ocurra, se produzca algún caso fuera de lo normal", afirma el juez.

De momento no hay unas cifras concretas ni estadísticas claras sobre el número de sentencias que quedan por ejecutar después de la huelga, pero el cálculo que se hizo de entre 360 y 390 ejecutorias antes de la huelga, indican que "podemos hablar de entre 80 y 100 ejecutorias relacionadas con la violencia de género en cada uno de los Juzgados de lo Penal", insiste.

Para Emilio Serrano esta situación es "asumible", y respecto a la posible gravedad de algunos casos, como los que han ocurrido en fechas recientes, señala que "no se pueden hacer ejercicios adivinatorios, pues el derecho penal no es preventivo, actúa después de cometido el hecho, para imponer y ejecutar la pena". No obstante, Serrano asegura que "se ejecuta todo lo que hay", aunque reconoce también que "no se puede garantizar que no haya alguien que esté dispuesto a quebrantar su condena" . De hecho, señala, "si hay alguien que está dispuesto a cometer un homicidio, con las consecuencias que ello conlleva, el quebrantar una orden de alejamiento no parece que sea lo que más le va a preocupar. Todo puede suceder". Y si de lo que se trata es de "ver o analizar un perfil determinado", eso es algo, advierte, que "escapa al derecho penal y que corresponde a otro ámbito".

Pero pese a todo, Serrano insiste en que, en general y salvo posibles casos, la situación en Extremadura "es de normalidad y está bajo control".