Extremadura tiene una superficie de 41.600 kilómetros cuadrados, 1.097.000 habitantes, 383 municipios y una densidad de población de 26,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Aragón posee 47.100 kilómetros cuadrados, 1.327.000 habitantes en 731 localidades y una densidad de 27,8 habitantes por kilómetro cuadrado. Son similitudes, y problemas, que comparten una y otra región. Por eso el modelo de comarcalización aplicado en la comunidad aragonesa puede ser, a priori , una referencia para Extremadura.
"De nuestros 731 municipios, 500 no alcanzan los 500 habitantes; y la mitad de la población de todo el territorio vive en la ciudad de Zaragoza", explica Lourdes Rubio, directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón.
El proceso de comarcalización comenzó en esta comunidad en 1990, con el objetivo de delimitar físicamente cada territorio. Tras años de negociación, se han constituido 32 comarcas, además de la de Zaragoza y su entorno. El objetivo: paliar las dificultades para prestar los servicios en las mismas condiciones en todos los rincones de la región aragonesa. "Somos la primera comunidad que ha realizado la segunda descentralización, de la autonomía a los entes locales; pero debido a las características de nuestros municipios, muy pequeños y con escasos recursos, el proceso se ha hecho sobre agrupaciones de ayuntamientos", advierte Lourdes Rubio.
Lluvia de competencias
Actualmente las 32 comarcas tienen personalidad jurídica propia, un órgano político-administrativo --el consejo comarcal (formado por representantes de todos los municipios)-- y competencias transferidas por el Gobierno regional: en acción social, protección civil, promoción del turismo, deporte, juventud, residuos urbanos, cultura y patrimonio. "El compromiso es estudiar esta legislatura el traspaso de otro bloque de competencias, como protección del medio ambiente, transporte, ordenación del territorio y urbanismo o consumo", precisa la responsable de Administración Local. Para hacer esto viable el Gobierno de Aragón aporta anualmente la financiación correspondiente para ejecutar esas competencias. Solo en el ejercicio 2006, más de 86 millones de euros.
"No es lo que pretendemos nosotros. Ellos simplemente han aplicado una descentralización de competencias autonómicas", defiende Juan María Vázquez, consejero extremeño de Agricultura y Desarrollo Rural.
Este proceso ha supuesto la desaparición de las mancomunidades, mientras que las diputaciones se mantienen, de momento. "Cada comarca posee su servicio de asistencia técnica a los municipios, al igual que las diputaciones. Lo que tratamos es de coordinar una administración y otra para no duplicar servicios", aclara Lourdes Rubio, que no se posiciona sobre si la comarcalización acabará con las diputaciones.
Para el Ejecutivo aragonés el proceso es un éxito: "El mejor barómetro es que se puede comprobar que la prestación de los servicios mejora cuanto más se acerca a las necesidades de los ciudadanos". Aunque advierte de que el camino no está exento de dificultades. "Primero, porque se apostó por realizarlo con el consenso de todos los partidos y, segundo, porque se hizo de abajo a arriba, de manera que los ayuntamientos se fueron adheriendo voluntariamente a la comarca que querían", concreta la directora general de Administración Local, que agrega: "Esto exigió un gran ejercicio de responsabilidad y aprendizaje del consenso, fe en algo que no existía y superar escollos como la rivalidad entre municipios o los debates para elegir las capitales comarcales".
