La aventura de Caja Extremadura en Banco Base ya es historia. La asamblea general de la mayor entidad de crédito extremeña rechazó ayer la segregación de sus activos y pasivos en favor del nuevo banco que había creado junto a CajAstur, Caja Cantabria y la CAM, lo que supone que deja de tomar parte en la fusión fría que iba a dar lugar al tercer mayor grupo de cajas de España.

Como era previsible, las asambleas de las cajas asturiana y cántabra también se opusieron a la constitución definitiva del Sistema Institucional de Protección (SIP), mientras que la de la CAM, también como se había anunciado, votó a favor. De los numerosos procesos de integración de cajas puestos en marcha en España en los últimos meses, este es el primero que se rompe una vez comenzado oficialmente.

A la asamblea de ayer asistieron un total de 153 consejeros generales, de los que 151 dijeron no a seguir adelante en el proceso de integración y únicamente dos se posicionaron a favor. La mayoría de noes fue igual de abrumadora en Asturias y Cantabria. En el primer caso, los votos negativos fueron 277 por una sola abstención, mientras que en Santander se registraron 90 y 4, respectivamente.

"La caja queda desvinculada a todos los efectos del contrato de integración firmado el 27 de julio de 2010 y excluida del SIP, al no haberse cumplido la condición necesaria para su efectiva puesta en marcha", confirmó Caja Extremadura en un comunicado remitido tras la asamblea. Ahora, la alternativa más probable es que las tres cajas que se han opuesto a entrar en Banco Base inicien juntas un nuevo proyecto de integración.

La ruptura de esta fusión ha venido motivada por la mala situación financiera de la CAM. El incremento de la morosidad y la disminución de la solvencia de la caja alicantina obligaron a aumentar hasta los 2.784 millones de euros la cantidad de dinero público solicitada al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), lo que ponía en riesgo tanto la viabilidad económica del proyecto como su control por parte de las cajas que tomaban parte en él, ya que el Estado pasaría a ser su accionista mayoritario.

Poco minutos después de conocerse el resultado de todas las asambleas, el Banco de España requirió a las cuatro entidades integrantes de este proyecto a "que le comuniquen inmediatamente las estrategias que piensan seguir" a partir de ahora, lo que incluye decir si continuarán junto a otras entidades o en solitario. En una nota, el supervisor bancario también precisó que el plan de capitalización presentado por Banco Base el pasado lunes --en el que se solicitaban los mencionados 2.784 millones de euros -- "ha quedado sin efecto tras las decisiones adoptadas por las asambleas".

En cuanto a los 1.493 millones de euros en participaciones preferentes de Banco Base que suscribió el FROB en diciembre del 2010, el Banco de España también apunta que su desembolso efectivo "estaba supeditado a que se cumplieran en su totalidad las condiciones previstas en el contrato de suscripción".

MINIMO DE SOLVENCIA La institución presidida por Miguel Angel Fernández Ordóñez incidió en su comunicado de ayer en que los bancos y cajas están obligados a tener un mínimo de capital principal del 8% con carácter general. Esta ratio se eleva al 10% para aquellas entidades que no hayan colocado a terceros títulos representativos por valor de al menos el 20% de su capital social y que, además, presenten un porcentaje de financiación mayorista superior al 20%.

Con Caja Extremadura no se daría esta segunda circunstancia, por lo que el listón quedaría en el 8%, porcentaje que, en principio, superaría sin problemas, ya que cerró el 2010 con un core capital del 9,38%. En cualquier caso, fuentes financieras citadas ayer por EFE daban por descontado que Caja Extremadura continuará con Caja Cantabria y CajAstur, y que incluso ya han solicitado al Banco de España que les dé hasta la próxima semana de plazo para presentar su estrategia.

Según estas fuentes, el nuevo proyecto solo requeriría ayudas públicas por valor de unos 400 millones de euros para llegar a la solvencia exigida por el Ejecutivo, menos de una décima parte de los 4.447 que habría requerido Banco Base.