La asfixia económica que sufre ETA en los últimos tiempos se explica en buena parte por la estrategia impulsada desde la ley de partidos aprobada en el 2002 y ejecutada de forma activa por el poder judicial de ilegalizar al entorno de la banda. La constatación de que una de las principales fuentes de ingresos de la organización terrorista radicaba en partidos de la izquierda aberzale con representación en los ayuntamientos, las diputaciones forales y el Parlamento vasco, ha derivado en una presión cada vez más intensa hacia estos grupos políticos.
La primera en caer fue Batasuna, y a partir de ahí los jueces han respondido a cada nuevo partido que se creaba para sustituir al anterior con nuevas ilegalizaciones. Esta nueva táctica se ha complementado con con la detención de los principales dirigentes del mundo aberzale, entre ellos Arnaldo Otegui, por actos de "enaltecimiento del terrorismo".
El próximo paso, de carácter preventivo, se formalizó antes del verano en el Congreso con el acuerdo firmado por el PSOE y el PP para reformar la ley electoral e impedir la presentación en las elecciones municipales de candidatos afines a ETA. El pacto se concretará en la creación de una figura legal que permitirá inhabilitar a los cargos electos que no condenen el terrorismo. La modificación, que está pendiente de plasmarse en una iniciativa legislativa, se conoce con el nombre de "incompatibilidad sobrevenida" y persigue evitar que militantes de partidos ilegalizados puedan integrarse en listas de otros grupos. Ante la posibilidad de que algún candidato sea elegido y, una vez haya conseguido el acta, revele su verdadera identidad, la reforma le obligará a optar por renunciar al cargo o a condenar el terrorismo.
La implicación judicial cada vez más activa en la lucha contra ETA ha traspasado incluso fronteras, especialmente en la colaboración con Francia. Como ejemplo más cercano, el juez decano de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y la magistrada francesa Laurence Le Vert se reunirán el próximo miércoles en París.
