La federación nacional de empresas de transporte ha manifestado su rechazo a la propuesta que el Gobierno prevé hacer a las comunidades autónomas de elevar el impuesto sobre carburantes para financiar la sanidad.
La patronal considera que no existe justificación para que el transporte por carretera contribuya a financiar la sanidad pública en unos momentos en los que la evolución del precio de los carburantes amenaza el equilibrio económico de las empresas del sector.
Ante esta situación, las empresas de transporte apuntan que el Gobierno "ignora una vez más la grave situación de las sociedades de transporte" a consecuencia de la evolución del precio del combustible, el capítulo "más importante" de su estructura de costes y que este año ha acumulado un importante encarecimiento así como unos precios históricos.
Por ello, la federación insiste en solicitar al Gobierno que diferencie fiscalmente el gasóleo utilizado para el transporte colectivo, esto es, la articulación de un carburante profesional.
En este sentido, desde la Agrupación General de Transportistas de Extremadura (AGT) inciden en que este tipo de gasóleo ya debería existir, algo con lo que coinciden las organizaciones agrarias de la región, quienes también han denunciado en numerosas ocasiones las pérdidas económicas a las que se enfrentan los agricultores por la subida del carburante.
Las empresas de transporte consideran "inadmisible" que el carburante utilizado por un camión o un autobús de pasajeros tenga el mismo precio que el que utiliza un vehículo privado.
