Los autónomos extremeños, casi 100.000, denuncian las dificultades que están atravesando por culpa de la crisis y reclaman ayudas similares a las que están recibiendo otros sectores, teniendo en cuenta que esta actividad concentra el 25% del empleo en la región y que cada día se van al paro una veintena de autónomos. En los últimos doce meses han cerrado sus negocios 833 de ellos en Extremadura, según datos del ministerio de Trabajo, contabilizando las incorporaciones al régimen de cotización de autónomos y las bajas en el mismo. Por ello, el sector urge a la Administración regional una serie de medidas, entre las que destacan la creación de lo que estos pequeños empresarios denominan renta de resistencia (cobrar entre 491 y 750 euros al mes si van al paro), la posibilidad de contratar a desempleados de forma indefinida adquiriendo las mismas prestaciones económicas que el Estado da a los parados, y poder dar trabajo a cónyuges e hijos a tiempo parcial dos o tres horas al día. La Junta cree "razonables, justas y necesarias" algunas de estas propuestas, y hay un compromiso de ambas partes de negociar y tasar económicamente estas medidas.
Así lo manifestaron ayer Luis Durán, secretario general de la Unión de Trabajadores y Autónomos de Extremadura (UPTA); y Fernando Segador, presidente de la Organización de Profesionales y Autónomos de Extremadura (OPA), que dieron a conocer las iniciativas propuestas incluidas en lo que han dado en llamar "plan de rescate" del sector autónomo en la región, con el objetivo de mejorar la financiación de su actividad y su protección social.
La renta de resistencia consiste en que el autónomo que se haya quedado en paro pueda cobrar mensualmente durante un año 491 euros o 750 euros, dependiendo de si es la Junta la que asume o no el pago de la cotización a la Seguridad Social; si el Gobierno regional se hace cargo de la misma, el autónomo desempleado percibiría cada mes 491 euros; de lo contrario, la cantidad ascendería a 750 euros, señalaron, siempre que el perceptor quiera mantener su actividad. "No son cantidades grandes, sino que es para la supervivencia del autónomo y de su familia", explicó Durán.
Otra medida que han planteado consiste en que los trabajadores autónomos y microempresas reciban los recursos que las administraciones públicas destinan a pagar las prestaciones por desempleo de los parados y, de esta forma, asumir la contratación de estas personas durante tres años. Los contratos serían indefinidos y los autónomos que contraten a desempleados recibirían el primer año el 100% de la cobertura de los parados, el segundo año el 70%; y el tercero, el 50%. A partir de entonces todos los gastos de contratación serían a cargo del autónomo. Esto posibilitaría la reducción del paro, que los parados comenzaran a trabajar y que hubiera más actividad empresarial y, por lo tanto, más dinamización de la economía, explicaron.
EL IVA Y LOS PAGOS Al margen de estas medidas, también piden una línea de financiación para poder mantener su actividad y el empleo, al igual que se está haciendo con otros sectores; así como poder contratar a tiempo parcial a sus cónyuges e hijos y acabar así con una "economía sumergida" que vive el sector. Asimismo, reclaman medidas para garantizar los cobros y aseguran que muchos están rechazando trabajos por no tener la certeza de poder cobrarlos al terminarlos.
Además, de cara a las peticiones al Gobierno central, estas organizaciones insisten en que el IVA en las facturas no sea declarado o al menos no se abone hasta el cobro de la factura; ven necesario la modificación de la Ley Concursal para que se garantice a los autónomos cualquier cobro por un trabajo realizado a una empresa mayor, lo cual se conseguiría mediante la creación de un fondo de garantías. En este sentido, reclaman el cumplimiento de la legislación vigente para que las administraciones públicas paguen a los proveedores en un plazo máximo de 60 días; además de crear una banca pública --papel que podría desempeñar el propio ICO, señalan-- para la gestión de créditos de hasta 65.000 euros.
Tanto Durán como Segador destacaron la receptividad y el compromiso de la Junta para tratar las propuestas que les afecten y trasladar las demás al Gobierno central.
A este respecto, la pasada semana la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Comercio e Innovación, María Dolores Aguilar; y la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio; mantuvieron reuniones con estas organizaciones de autónomos en la región y consideran que muchas de las medidas propuestas son "razonables, justas y necesarias", por lo que la Junta se compromete a ser "el vehículo de transmisión y negociación" con el Gobierno, y a analizar otras medidas que la Administración regional pueda impulsar.
