Los incendios que hace un año asolaron los términos de varios municipios de Las Villuercas y Los Ibores --fundamentalmente Cañamero, Alía, Castañar y Navalvillar de Ibor-- arrasaron a su paso miles de hectáreas, sobre todo de monte. Días después del siniestro, la Junta cifró en unas doce mil las hectáreas afectadas, si bien este valor varía en función de quien haga la valoración.
No obstante, lo que no deja lugar a dudas es la gran pérdida ecológica que sufrió la zona por el fuego. Un año después, los alcaldes de las localidades más perjudicadas se muestran bastante satisfechos con la gestión del Gobierno regional de la zona calcinada.
Así, Carlos Bravo, el edil de Cañamero, destaca que los planes de limpieza de montes empezaron con bastante rapidez y que muchos propietarios ya han vendido la madera. Igualmente, Gabriel Archilla, el edil de Alía, considera que la gestión está siendo la correcta: "La Junta ofrece ahora este servicio a quien lo solicita y después se pasará a la repoblación", apunta.
Archilla también considera muy positivo que se decidiera la aplicación en Extremadura del decreto de ayudas para los afectados por los incendios de Guadalajara, si bien no conoce hasta qué punto se han hecho efectivas, ya que se solicitan directamente a la Junta o al Ministerio de Medio Ambiente.
Pero también hay críticas. Como las de Ana Irala, teniente alcalde de Castañar de Ibor, que no entiende por qué hay que pedir permiso para cortar los árboles quemados. O las del jefe de la corporación de Navalvillar de Ibor, Javier Morales, que echa en falta ayudas directas para los que sufrieron pérdidas materiales. Unas ayudas que, no obstante, tienen un doble filo "porque hay gente que coge el dinero y lo emplea en otra cosa", reconoce.
