Cada mes bajan la persiana tres oficinas bancarias y se pierde una decena de empleos del sector en Extremadura. La banca continúa inmersa en el proceso de reestructuración iniciado con la crisis del ladrillo del 2008 y acelerado por la digitalización de los servicios que, ahora con la pandemia de coronavirus, no ha hecho más que intensificarse si cabe. En consecuencia, las entidades siguen metiendo la tijera a una red comercial presencial ya muy diezmada. De hecho, la comunidad ha perdido un tercio de las sucursales respecto a las que había hace apenas once años. En concreto, desde el máximo alcanzado en marzo del 2009, cuando eran 1.200, se ha pasado a las 800 que había el pasado mes de junio (último dato disponible en las estadísticas del Banco de España).

De esta manera, se han clausurado un total de 400 oficinas en este periodo. Lejos de perder intensidad, el ajuste se ha ido acentuando, hasta el punto de alcanzar su tope el año pasado, con la pérdida de 82 oficinas, la cifra más alta registrada a lo largo de todo este proceso de reestructuración, mayor incluso de las que se contabilizaron en los años más duros de la crisis. El ejercicio que más se le acerca es 2013, con 65 locales cerrados.

Nuevas fusiones

Nuevas fusionesLos 800 oficinas que los bancos tienen actualmente en las calles extremeñas suponen el número más bajo en prácticamente cuatro décadas. Habría que remontarse a diciembre de 1980 para encontrar un número más bajo. Entonces había 790. Y estas cifras han podido quedarse ya desfasadas, ya que hay constancia de nuevos cierres en el último trimestre, en el que ha continuado los procesos de ajuste de algunas entidades. La crisis del coronavirus incluso ha acalorado la reconversión del sector. El reciente acuerdo de fusión de Caixabank y Bankia es el ejemplo más palpable de ello, una operación que traerá consigo otra oleada de cierres. Barclay’s calculó hace apenas unas semanas que la unión entre ambas entidades comportará prescindir de 1.440 oficinas.

También está encima de la mesa una posible integración entre Liberbank y Unicaja que, de formalizarse, tendría previsibles consecuencias en términos de disminución de su capacidad instalada y de plantillas, al haberse quedado la segunda de ellas con lo que en su día fue la red de Caja Duero, caja de ahorros que tuvo una amplia implantación en Extremadura, en especial en la provincia de Cáceres.

En términos absolutos, el desplome del sector bancario ha sido similar en ambas provincias extremeñas. La de Cáceres ha perdido 196 puntos desde el primer trimestre del 2009; la de Badajoz se ha dejado en esta década 204. No obstante, en términos relativos la tendencia es muy diferente, porque en Cáceres el descenso supone un 43% de los establecimientos que tenía abiertos al público, que eran 451, mientras que en la de Badajoz prestaban servicio 749, por lo que el decremento ha sido mucho menor, del 27%.

El redimensionamiento de la red de oficinas está motivado por varias razones. Por un lado, la concentración del sector bancario que se ha vivido en los últimos años, con sucesivos procesos de fusión que han reducido el número de entidades a una sexta parte. Y por otro, la necesidad de mantener a raya los costes de explotación en un contexto de dificultades para el negocio bancario, con unos ajustados márgenes de rentabilidad debido, entre otros motivos, a unos tipos de interés en mínimos históricos.

A todo ello se suma el imparable proceso de digitalización, lo que acelerado el crecimiento de los servicios bancarios on line, lo que ayuda a las entidades a ganar eficiencia y reducir al mismo tiempo costes operativos.

Plantillas menguantes

Plantillas menguantesEl drástico recorte de la red de oficinas ha tenido su traslación al empleo. El sector tiene en Extremadura cerca de un tercio menos de trabajadores que hace once años. Son 1.780 puestos de trabajo destruidos en poco más de década (un 29,4%), al pasar de los 6.059 empleados de agosto del 2009 a los 4.279 registrados al cierre del mes pasado, según datos de la Seguridad Social, que incluyen los trabajadores vinculados a las actividades financieras, pero también a las de seguros.

Y eso a pesar de que la caída del empleo se ha visto frenada este año al retirarse el ERE previsto en Ibercaja, donde quedó integrada Caja Badajoz, que contemplaba el despido de 550 empleados y el cierre de 160 oficinas, una decisión que tomó la entidad a raíz del crisis sanitaria.

A pesar de la abultada merma de empleados, buena parte de las bajas no han sido traumáticas, ya que se han materializado por la vía de las prejubilaciones. Para los sindicatos, lo peor es cómo han quedado las plantillas, que sufren jornadas laborales que se prolongan sistemáticamente, una mayor presión por vender productos y el cabreo de muchos clientes --sobre todo de los más mayores-- que se quejan de degradación de los servicios en las oficinas bancarias.

En cuanto a la situación en el medio rural, un estudio publicado en el 2019 por la federación sindical del sector financiero FINE, situaba en 152 las localidades extremeñas que ya no cuenta con oficina bancaria. Un riesgo de exclusión financiera que era mucho mayor en la provincia de Cáceres, donde más de la mitad de las localidades (un 54,7%, superando el promedio nacional, del 51,6%) no disponen de este servicio. En ellas viven 47.356 personas, casi un 12% de toda población de la provincia.