Para convertir una carretera en autovía no basta únicamente con la voluntad y la insistencia de las Administraciones. Y más si esa infraestructura se va a construir sobre un paraje protegido por la Unión Europea por su valor ecológico. Es lo que ocurre con la futura autovía Cáceres-Badajoz (hoy carretera Ex-100; en unos años, según la Junta, autovía Ex-A4), que atravesaría parte de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la Sierra de San Pedro, donde anidan cigüeñas negras y águilas imperiales, entre otras especies amenazadas. Y es lo que pasa con la M-501, la carretera que enlaza Madrid con Avila hasta la comarca de la Vera y cuyo proyecto de desdoblamiento será denunciado por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en Luxemburgo por el impacto ambiental de las obras.

En Extremadura, las organizaciones ecologistas ya han amenazado con denunciar el caso de la Ex-100 ante Bruselas por considerar que es una operación innecesaria --por "escasez" de tráfico-- y que tendrá graves consecuencias sobre el entorno natural. Ahora, la M-501 se convierte en un precedente y un argumento a favor de las asociaciones conservacionistas.

La Comisión Europea ha anunciado esta semana que solicitará al Tribunal de Luxemburgo que tramite el caso por vía de urgencia al constituir una "clara violación de la legislación europea". Esto no supondrá de momento la paralización de las obras, con las que se pretende convertir en autovía el actual trazado a través de la Comunidad de Madrid. La Comisión no ha solicitado la paralización el cese cautelar de los trabajos, por considerar que cuando esta medida se haga efectiva ya estará terminada la nueva autovía. De esta forma, lo que puede ocurrir es que el Gobierno madrileño y el central sean condenados a pagar duras sanciones económicas y a adoptar costosas medidas para paliar el impacto del proyecto sobre el entorno.

Vía judicial española

En este caso además se da la situación de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido la denuncia de los ecologistas contra las obras. Ha declarado "nulas" las resoluciones del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y de la Consejería de Transportes por las que se aprobó el desdoblamiento de la carretera, debido a la inexistencia de informes medioambientales y por no concurrir razones de interés público, entre otros motivos. Además, el juez ha decretado la paralización de las obras bajo fianza de casi 500.000 euros a los grupos ecologistas.

Pero ésta no ha sido la primera intervención de la Unión Europea por un caso de grave daño ecológico al ecosistema por la construcción de una autovía. Los órganos comunitarios ejercieron una fuerte presión para frenar la construcción de una vía rápida entre Finlandia y centroeuropa a través de Polonia. La conocida como Vía Báltica se encontró con la oposición de la Comisión Europea y el Europarlamento por los daños que ocasionaría a una zona de alto valor ecológico. Ambas instituciones presentaron denuncia ante el Tribunal Europeo de Justicia, que aún no se ha pronunciado. Sin embargo, ante las presiones, el gobierno polaco ha decidido detener las obras.

En ambos casos, Luxemburgo --sede del tribunal europeo-- tendrá la última palabra. Mientras tanto, los ecologistas ven en ellos dos antecedentes para luchas contra la conversión en autovía de la Ex-100.