A finales del pasado mes de diciembre, en vísperas de que el recibo de la luz subiese casi un 10% para la mayor parte de los españoles, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, insistió en la necesidad de que se ampliara el número de hogares que están acogidos al bono social, un mecanismo que el Gobierno puso en marcha a mediados del 2009 para proteger a determinados colectivos de los aumentos en la factura eléctrica.
"Somos el único país de Europa que lo tiene y llega a tres millones de hogares, y queremos que sean cinco", dijo entonces Sebastián, que recordó que a estos hogares no les ha subido la luz" ni en el 2009, ni en el 2010, ni les subirá en el 2011, 12 ni 13". El ministro anunció que el Gobierno emprendería una campaña de información para fomentar el bono social al tiempo que criticó a las compañías eléctricas por no haber dado suficientes facilidades a sus clientes para acogerse a esta iniciativa.
Pueden beneficiarse de esta congelación de tarifas aquellos clientes con una potencia contratada inferior a 3 kilovatios, los pensionistas de 60 años o más que perciban la prestación mínima por jubilación, incapacidad permanente o viudedad y pensiones no contributivas; las familias numerosas; y las familias en las que todos sus integrantes se encuentran en situación de desempleo.
En Extremadura entre Iberdrola y Endesa (que concentran en torno a un 80% del mercado eléctrico regional) suman 94.850 bonos sociales concedidos --cifras a diciembre pasado--. Solo la segunda de estas empresas ha facilitado los datos desglosados por tipo de usuarios, pero bastan para hacerse una idea de que el bono social también está infrautilizado a nivel regional.
Esta compañía eléctrica tiene unos 260.000 clientes en la comunidad autónoma (aproximadamente un tercio del total de los que hay en la región), de los que unos 32.250 se favorecen del bono social. Sin embargo, casi tres cuartas partes de ellos han accedido a él porque su potencia contratada es inferior a los 3 kilovatios, por lo que el traspaso se ha efectuado de forma automática, sin necesidad de que lo hayan solicitado previamente.
Entre el resto solo hay 418 usuarios que lo han exigido por tener a todos los miembros de la unidad familiar en paro, una cifra insignificante si se tiene en cuenta que según la última Encuesta de Población Activa (EPA), la relativa al cuarto trimestre del 2010, en Extremadura hay 34.500 hogares en esta situación. Otros 1.900 corresponden a familias numerosas (en la comunidad autónoma hay registradas unas 12.700) y a 6.300 se le ha concedido por ser pensionistas (las personas que actualmente perciben pensiones mínimas o no contributivas en la región, descontados los menores de 60 años, sobrepasan las 110.000). De esta manera, habría todavía un amplio margen de mejora en los tres colectivos en los que la solicitud del bono debe hacerse expresamente.
En el caso de Iberdrola, esta empresa cerró el pasado ejercicio con 62.600 bonos sociales concedidos (39.500 en la provincia de Cáceres y 23.100 en la de Badajoz).
