Caamaño se abre paso entre los togados

A menos de un mes para la fecha señalada para la próxima convocatoria, la discrepancia es manifiesta. De las cuatro asociaciones que mantienen negociaciones con el Ejecutivo, Jueces para la Democracia ya ha anunciado que no secundará la protesta del día 26 ante la "voluntad clarísima" del ministro de llegar a acuerdos satisfactorios. Por su parte, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) tomará una decisión el día 12 tras analizar la reunión prevista con el Gobierno para el próximo lunes. "Hay cosas en las que se ha avanzado, otras en las que los avances no van más allá de una previsión sin suficiente desarrollo y un tercer paquete en el que no nos hemos movido ni un milímetro", según ha declarado a Europa Press su portavoz, Antonio García.

"Estamos más cerca de que no haya huelga", advierten desde la asociación Francisco de Vitoria, donde también condicionan su decisión final al resultado del encuentro de la próxima semana. Mientras, en Foro Judicial Independiente (FJI) reconocen avances, aunque insuficientes: "El ministerio ya nos ha dado algunas cosas, pero no las fundamentales".

En lo que sí coinciden todas es que hay un cambio de situación respecto a la huelga del pasado 18 de febrero. El fundamental, el nuevo talante al frente de Justicia. Así, los jueces han pasado de la crispación que gobernaba las relaciones con Mariano Fernández Bermejo al diálogo continuo que ofrece Caamaño. "Hay un descenso de la conflictividad", admiten en FJI. Además, en aquella ocasión la convocatoria nació en las propias bases, desde las juntas provinciales, mientras que ahora la movilización parte de las asociaciones profesionales.

Menor participación

Las divergencias también se han reflejado en las juntas provinciales de jueces que se han celebrado en distintos puntos del país durante los últimos días para decidir si se apoya o no la huelga del día 26. En este caso no solo no ha habido unidad de criterio, sino que además ha disminuido la participación de los magistrados en las mismas. Así, en provincias tan importante como Barcelona, Vizcaya, Sevilla o Guipúzcoa ni siquiera se alcanzó el quorum para celebrar la junta y consensuar una postura provisional. En Madrid, los magistrados calificaron la situación como "peor" que la de hace unos meses, pero rechazaron sumarse a la próxima convocatoria. En su lugar, han decidido trasladar las movilizaciones al mes de septiembre a la espera de posibles avances en la negociación.

Más firmeza han mostrado las juntas de Málaga, Córdoba, Castellón, Cantabria, Asturias, Huesca, Zamora, Valencia, Toledo, Guadalajara o Albacete, donde se ha aprobado mantener las medidas de presión. No obstante, en algunos casos la posición no ha sido de respaldo absoluto a la huelga, sino de reservarse el derecho a secundarla si el ministerio no cede.

En el extremo contrario, los jueces de Zaragoza han dado un voto de confianza al departamento de Caamaño y confían en que la negociación prospere. Mientras, en otras regiones como Ourense o Pontevedra se acordó demorar la decisión hasta dentro de una semana y en Navarra se ha dado vía libre a cada togado para ejerza o no su derecho individual a la huelga.

Caamaño, optimista

Por su parte, desde el Ministerio de Justicia confían en que las asociaciones terminen desconvocando la protesta. Para Caamaño el diálogo está siendo "constante", las demandas resultan "asumibles" y hay algunas medidas que ya han sido consensuadas en el debate parlamentario. En su opinión, ante la situación actual, "no hay razones ni motivos fundamentados para sostener un paro o algún tipo de movilización". El Gobierno tiene ahora tres semanas y dos reuniones --una el día 8 y otra el 16-- por delante para convencer a los jueces.