Catorce detenidos, siete de ellos extranjeros, es el balance de la operación desarrollada por la Comandancia de la Guardia Civil pacense, que ha permitido desarticular desde la región una red internacional dedicada a la prostitución en Cáceres, Badajoz y Toledo. La organización, que tenía conexiones en Brasil y Rumanía, poseía locales de alterne en Extremadura y la provincia toledana, en donde obligaban a prostituirse a las mujeres. Además, a los detenidos también se les imputa la comisión de supuestos delitos contra el derecho de los trabajadores, detención ilegal y aborto.
Los extremeños detenidos en la operación son naturales de Cáceres y los municipios pacenses de Zafra, Zalamea de la Serena y Villagarcía de la Torre. A ellos se suman otros dos españoles de Membrilla (Ciudad Real) y Quintanar de la Orden (Toledo), además de siete extranjeros de nacionalidad rumana, colombiana, argentina y brasileña. Todos ellos, junto a las diligencias instruidas, ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Llerena.
UN AÑO DE INVESTIGACIONES
Según informó ayer la Delegación del Gobierno en Extremadura, la desarticulación de la organización se ha producido tras un año de investigaciones llevadas a cabo desde la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz. Durante este tiempo, las fuerzas de seguridad descubrieron que la red se dedicaba a la prostitución de mujeres procedentes de Brasil y Rumanía, que eran atraídas hacia España por los miembros de la organización mediante situaciones de engaño o aprovechándose del estado de necesidad en el que éstas vivían en sus países de origen.
Así, indican desde la Delegación del Gobierno, el grupo contaba con diversos contactos en los citados países que eran los encargados de proporcionarles mujeres jóvenes. En ocasiones los contactos les ofrecían directamente la prostitución como vía de solución a sus precarias condiciones de vida, mientras que otras veces las engañaban con promesas de trabajos dignos y bien remunerados en España.
En cuanto a los gastos del viaje de las mujeres desde sus países de origen hasta España, en un principio corrían a cargo de la organización, aunque más tarde el dinero era descontado de los ingresos que obtenían al prostituirse.
Una vez en España los miembros de la red obligaban a las mujeres a prostituirse en locales de alterne ubicados en las provincias de Cáceres, Badajoz y Toledo, mientras que las chicas que por diversos motivos no podían ejercer la prostitución debían realizar diversos trabajos en los mismos clubes en condiciones infrahumanas, con jornadas maratonianas y sin contratos laborales ni prestaciones sociales.
OBLIGADAS A ABORTAR
Las mujeres tenían prohibida la salida de los establecimientos y se les retiraba el dinero que recaudaban con el ejercicio de la prostitución. Las que quedaban embarazadas eran obligadas por los proxenetas a abortar, para lo cual utilizaban medicamentos con efectos abortivos, y se las trasladaba sin su consentimiento de unos locales a otros.
Esta es una práctica habitual en los locales de alterne en la región, en donde muchos de ellos trabajan con una organización conjunta. Su objetivo es fomentar la movilidad geográfica desplazando a las mujeres de unos lugares a otros, con lo que consiguen también dificultar las tareas de vigilancia que desarrollan los efectivos de la Guardia Civil.
De otro lado, el caso de las falsas promesas de puestos de trabajo, generalmente en la hostelería o como empleadas de hogar, se da con una gran frecuencia en las mujeres que llegan a la región a través de este tipo de organizaciones, según indican fuentes de la Guardia Civil. Además, muchas de las mujeres que ejercen la prostitución tienen problemas con los permisos de residencia o se encuentran en situación ilegal, lo que también facilita el trabajo de las redes ilegales.
