La policía ha desarticulado un grupo delictivo con sede en la localidad extremeña de Casas de Don Pedro que cobraba entre 1.000 y 3.000 euros a inmigrantes irregulares por documentación falsificada. La presunta cabecilla es una ciudadana marroquí de 29 años, secundada por su marido, de 39 años y nacionalidad española. Ambos han sido detenidos, al igual que un funcionario del ayuntamiento, que supuestamente falsificaba los informes de residencia de los extranjeros, llegando a suplantar la firma del alcalde, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Extremadura.
Los tres detenidos han prestado declaración ante el juez y están en libertad con cargos. El Cuerpo Nacional de Policía, que ha bautizado la operación como Duquesa , confirma que se prevén nuevas detenciones. La policía no cifró ayer el número de inmigrantes con papeles falsificados por esta banda, pero fuentes cercanas a la investigación aseguraron que podrían ser decenas e incluso centenares.
El funcionario a quien la policía apunta como pieza clave en la trama fraudulenta, cuyo nombre responde a las iniciales G. R., prefirió ayer no realizar declaraciones sobre el caso y reconoció a EL PERIODICO que se encuentra con "un gran estado de nervios". "No voy a decir nada, no quiero que se diga nada más de mí y que no se me haga publicidad, que me dejen tranquilo", añadió. Antes de entrar en su casa acompañado por su mujer comentó entre dientes: "Me he visto envuelto en todo esto, sin más".
LA TRAMA Las pesquisas empezaron a final del 2006, cuando funcionarios de Extranjería tuvieron conocimiento de la presunta existencia en Casas de Don Pedro de un grupo organizado dedicado a legalizar a extranjeros en España, para lo cual procedían a realizar ofertas de trabajo ficticias y falsificaban informes de residencia a favor de estos ciudadanos, donde constaba que residían en dicha localidad desde hacía más de tres años.
Tras diez meses de investigación, los agentes identificaron a los integrantes de la red, así como las funciones que cada uno tenía encomendadas y el modus operandi utilizado. La presunta cabecilla resultó ser la marroquí S. K., junto a su marido, E. C. L.
La legislación permite conceder autorización de trabajo y residencia a los extranjeros que demuestren, básicamente, que están residiendo en España desde, al menos, tres años y que cuenten con una oferta de trabajo de una duración mínima de un año. A partir de estas condiciones, el grupo organizado desarrollaba su actividad delictiva.
Una vez captadas las víctimas, estas se entrevistaban con uno de los integrantes del grupo organizado, el cual les ofrecía la posibilidad de obtener un precontrato de trabajo en algunas de las empresas que eran controladas por estos, así como la posibilidad de obtener un informe de residencia en que el que se hacía constar que el ciudadano extranjero en cuestión había residido por más de tres años en Casas de Don Pedro, cobrando por ello cantidades que oscilaban entre 1.000 y 3.000 euros.
Pagada la cantidad establecida, la organización se ponía en contacto con el funcionario municipal y este emitía un informe de residencia en el que se hacía constar que el ciudadano extranjero en cuestión había residido por más de tres años en dicha localidad, siendo tal afirmación totalmente falsa y llegando, incluso, a falsificar la firma del alcalde. Si además la víctima había comprado la oferta de trabajo, la organización tramitaba dicha oferta fraudulenta, dando a la víctima de alta en la Seguridad Social.
Una vez identificados todos los miembros de la organización y habiendo obtenido las pruebas necesarias, se procedió a la detención de los máximos responsables de la misma, a los que se les imputan un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsificación documental y asociación ilícita, habiendo efectuado un registro en domicilio de la localidad de Casas de Don Pedro donde la organización tenía su sede, incautándose un ordenador portátil y documentación relativo a los hechos delictivos referidos.
