Aparte de cumplir con la obligación constitucional de aportar los datos generales de su gestión, el informe del Defensor del Pueblo señala qué administraciones dificultan su tarea o aportan poca colaboración. Al mismo tiempo, la institución recoge las propuestas que efectúa a los organismos públicos investigados, especificando cuáles son admitidas, rechazadas o quedan pendientes.
Además, el departamento que encabeza Enrique Múgica se ocupa de recordar sus respectivos deberes legales a aquellas instituciones que, por cualquier motivo, parecen estar dejándolos de lado. En el mismo sentido, advierte también de aquellos problemas o necesidades que, a su juicio, merecen la puntual atención de los organismos públicos.
Falta de colaboración
El ayuntamiento de Mérida ostenta el dudoso honor de ser la única administración extremeña calificada como "entorpecedora" en el último informe del Defensor del Pueblo. Este da cuenta del cierre de un expediente relativo a la omisión del "deber de conservación" de la corporación municipal, tras emitirle tres requerimientos sin respuesta.
El mismo consistorio se sitúa también entre las administraciones que no han contestado tras el tercer intento, en este caso en relación con un expediente de disciplina urbanística. Junto a éste se encuentran los ayuntamientos de Cabañas del Castillo, Cilleros, Guadalupe, Villamiel y la Consejería de Agricultura, a la que se solicitó información sobre la denuncia de una matanza ilegal.
Finalmente, cuando se apuntan los organismos que respondieron a la tercera , una vez más se incluye al ayuntamiento de la capital extremeña, acompañado de los de Coria y Nuñomoral. En esta parte repite también la Consejería de Agricultura, esta vez por partida doble, resultado de dos peticiones de información de nuevo vinculadas al sacrificio de animales.
Propuestas y logros
Entre las sugerencias emitidas por el Defensor del Pueblo el año pasado, dos Consejerías extremeñas --Desarrollo Rural y Educación-- admitieron las proposiciones de la institución en relación a la vigilancia de una vía pecuaria y la falta de respuesta a una serie de reclamaciones, respectivamente.
Asimismo, la Delegación del Gobierno en Extremadura concedió la devolución del impuesto sobre bienes de naturaleza rústica (IBI) por los daños causados por unas inundaciones en Azuaga en 1997. También los consistorios de Guadalupe, Mérida y Badajoz aceptaron sendas propuestas en materia urbanística, lucha contra incedios y selección de personal.
En cambio, los consistorios de las capitales cacereña y pacense rechazaron dos disposiciones de la oficina dirigida por Múgica. Por su parte, el de Mérida aún mantiene una pendiente: su obligacion de realizar inspecciones y demás actuaciones en el plano urbanístico.
El rechazo de las corporaciones de Cáceres y Badajoz motiva que el Defensor les recuerde, respectivamente, su deber de velar por la legalidad urbanística y responder a las reclamaciones de los ciudadanos. Igualmente, se insiste al Organismo Autónomo de Recaudación de la provincia pacense para el reembolso del IBI a los afectados por las inundaciones de Azuaga.
Por último, las Consejerías de Educación y Sanidad deben acordarse, según el informe, de responder a las solicitudes, en el primer caso, y respetar los plazos, en el segundo. También se advierte al presidente de la Junta de Extremadura de la necesidad de interesarse "más intensamente" por un problema de contaminación acústica que "data de años".
