Una vez aprobada la ordenanza contra los campamentos ilegales, por parte de los ayuntamientos de la mayoría de los municipios que cada año se ven afectados por la instalación de trabajadores inmigrantes atraídos por las campañas agrícolas, la medida elaborada por la Fempex comienza a ofrecer sus frutos.
El Ayuntamiento de Santa Marta de los Barros, que el año pasado sufrió las incomodidades causadas por más de 2.000 temporaros en los alrededores de esta localidad, ordenó el desalojo de los acampados.
Según el alcalde de la localidad, Jorge Vázquez, hace aproximadamente un mes y medio se detectó uno de estos campamentos, en el que se agrupaban entre 50 y 70 personas que en virtud de la ordenanza fueron obligados a desalojar el lugar en menos de 72 horas.
Este plazo no se completó gracias a la colaboración de sus miembros, por lo que no fue necesario imponer la multa correspondiente de 30 euros. Desde entonces, según el alcalde, no ha habido ningún intento más de levantar un campamento.
