La propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, presentó ayer en Bruselas concitó el rechazo unánime de las principales organizaciones agrarias a todos los niveles: europeo, español y extremeño. Los gobiernos nacionales, Eurocámara y Comisión comenzarán este mes a negociar la reforma con el objetivo de aprobarla a finales del 2013.
Ciolos aseguró que el nuevo modelo de política agraria, que entraría en vigor a partir del 2014, pretende incentivar las prácticas ecológicas y cambiar el método de reparto de las ayudas en favor de un sistema más equilibrado entre regiones y sectores. En relación a este segundo aspecto, el objetivo es eliminar los derechos históricos, que se utilizan en la actualidad para la distribución de las ayudas en países como España --sobre la base de la producción media entre 2000 y 2002--, para pasar a un sistema de pago único por hectárea. Con ello Bruselas quiere lograr una convergencia interna entre los países y las regiones que debería concluir en el 2019.
"Es importante adaptarse a los nuevos tiempos" y garantizar un reparto más equitativo entre los países y las regiones, dijo el comisario europeo, que sobre los agricultores españoles señaló que el cambio de sistema no debería afectarles, ya que el país se encuentra cerca de la media europea en ese ámbito --246 euros por hectárea, un 9% menos que la media pagada en los 27 países, situada en 271 euros.
Sin embargo, los principales responsables agrarios extremeños mostraron ayer su rechazo frontal a la propuesta de reforma. "Va contra toda la agricultura productiva de nuestra región", lamentó Bibiano Serrano, presidente de Apag Extremadura Asaja, sobre el nuevo sistema de tarifa plana que quiere imponer Bruselas. Serrano resaltó que sectores como el del tomate o el del tabaco, entre otros, podrían verse seriamente perjudicados si finalmente se materializa este planteamiento. En esta misma línea, Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE, consideró el documento como un "ataque directo a la agricultura productiva y al modelo familiar de explotación, mayoritario en la UE", mientras que para Juan Moreno, presidente de COAG Extremadura, la iniciativa "es decepcionante, va a favorecer a los que más superficie tengan, que no tendrán la obligación de producir nada". "La reforma ahonda en los errores que han llevado al campo a su actual situación y pone en peligro el modelo de agricultura social, el tejido productivo y la seguridad alimentaria", añadió.
Por otro lado, para definir claramente lo que es un agricultor activo , Bruselas plantea que las ayudas directas deben representar al menos un 5% de los ingresos no agrícolas del demandante. "Esto es una tomadura de pelo. Un constructor, por ejemplo, que gane cien mil euros, con que ingrese cinco mil de la agricultura, ya es un agricultor activo. Es injusto para los agricultores profesionales", subrayó Bibiano Serrano. "La Comisión ha demostrado cobardía en el establecimiento del techo de ayudas --300.000 euros-- y en la definición del agricultor en activo, totalmente irreales", señaló Ignacio Huertas.
Otra de las medidas planteadas que genera más polémica es la de conceder un 30% de las ayudas directas a los productores que hagan esfuerzos medioambientales. Así, la CE quiere premiar tres tipos de prácticas: la rotación de los cultivos, el pastoreo permanente, y el destinar un 7% de la superficie de la explotación a actividades de valor ecológico. A juicio de Bibiano Serrano se trata simplemente de pasar dinero de un pilar de la PAC a otro, por lo que al final lo que se hace es "relegar al agricultor profesional al mero papel de cuidador medioambiental pero sin recibir financiación".
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, consideró ayer que la propuesta de la Comisión es "cuando menos decepcionante" y se merece "casi una enmienda a la totalidad". Aguilar señaló que la iniciativa "no responde a lo que necesita el sector" y que hay un conjunto de "líneas rojas" que el Gobierno no está dispuesto a que se traspasen porque suponen un "hachazo" para los agricultores españoles. Entre estos aspectos "gravemente perjudiciales" la ministra criticó la implantación de una tarifa plana, que el 30% de las ayudas recogidas en el primer pilar de la PAC se condicione a criterios medioambientales -el llamado greening-., la nueva definición de agricultor activo y la falta de refuerzo a los mecanismos de gestión.
En cuanto al recorte de la ficha financiera, que podría situarse entre el 16 y el 20% respecto a la PAC actual, según las primeras estimaciones, Aguilar advirtió de que España "no va a dar ni un paso atrás" y que seguirá "dando batalla" para que no se reduzcan las ayudas. En lo que a pagos directos se refiere, insistió en que el Gobierno es partidario de que se terminen las ayudas para aquellos que ya no producen pero, agregó, que "no están dispuestos" a que se pierdan los criterios históricos.
Otro aspecto que disgusta al Ejecutivo español es la complejidad que, a juicio de Aguilar, tendría la nueva PAC, por entender que "habrá ayudas en las que valga más el papeleo" que la cantidad a pecibir por los agricultores.
