Fue hace apenas unos días. Era sábado por la mañana y se acababa de dar el desayuno. Un funcionario trató, junto con un compañero, de mediar en una pelea tumultuaria en el salón de usos múltiples de la prisión de Cáceres y acabó con una herida en su mano izquierda, previsiblemente un mordisco. Esta ha sido la última de las agresiones conocidas en las cárceles extremeñas pero, de acuerdo a los datos facilitados por Instituciones Penitenciarias, entre el 2014 y finales de febrero de este año se han producido otras 31 en los dos centros penitenciarios ubicados en la comunidad autónoma. 23 tuvieron lugar en el de Badajoz y las 8 restantes en el de Cáceres.
Uno de estos ataques produjo lesiones graves en el trabajador público, 17 de carácter leve y 13 no las ocasionaron. De este listado quedan fuera tanto el mencionado en Cáceres como otro en marzo pasado en la prisión de Badajoz cuando un interno pegó e intento tirar por las escaleras a un funcionario. Una compañera que acudió en su apoyo fue también golpeada.
Desde la asociación de trabajadores penitenciarios Tu Abandono me Puede Matar (TAMPM), se afirma, sin embargo, que estas estadísticas oficiales están lejos de reflejar la situación real que se vive en las cárceles extremeñas. Los datos «se maquillan a través de un protocolo específico de actuación de funcionarios de la Administración, para no evidenciar los problemas laborales que se derivan de la falta de inversión en recursos humanos, medios técnicos y medios materiales», apunta Enrique Díez de Baldeón, portavoz regional de este colectivo asindical y apolítico, surgido hace seis meses para dar visibilidad a los problemas que sufren estos profesionales.
«La mayoría» de estas agresiones son consideradas como «incidentes regimentales manteniendo así la opacidad de las cifras», incide, a la vez que lamenta que lo más habitual es que estos sucesos no tengan consecuencias penales para los agresores, ya que los funcionarios de prisiones no son agentes de la autoridad a efectos laborales, «consideración esta que, paradójicamente, sí tienen los sanitarios y docentes que trabajan en el mismo medio penitenciario».
Esta es, precisamente, una de las reivindicaciones de TAMPM, junto a, entre otras, un reconocimiento retributivo igual al de Policía Nacional y Guardia Civil; medios de protección adecuados y adaptados a los riesgos actuales; o «una formación profesional continua, real y eficiente».
Entre los sucesos más graves que se han vivido estos años en las cárceles extremeñas esta el causado a mediados de julio del 2018 en el centro cacereño por un interno que agredió a una funcionaria que necesitó de siete puntos de sutura en la cabeza. Otras veces han sido codazos, patadas o arañazos. «La conflictividad y las agresiones en las prisiones extremeñas no solo derivan de las circunstancias penales y del régimen de vida de los internos, sino que están directa o indirectamente relacionadas con su perfil criminal, los trastornos psiquiátricos cada vez más habituales, el policonsumo de drogas ilegales y el uso indebido que hacen de los medicamentos prescritos», esgrime Díez de Baldeón, también criminólogo.
Otras de las cuestiones que se denuncia es la escasez de personal, por lo que se exige la reposición de 3.479 vacantes en España «ya reconocidas por la Administración». En el caso de los dos centros penitenciarios extremeños, con datos de finales de marzo pasado, hay 1.329 hombres y mujeres que dependen de ellos (746 de Badajoz y 583 en Cáceres) para un total de 846 celdas (497 y 301, respectivamente, más las 48 del Centro de Inserción Social de la capital cacereña). Excluidos los 70 internos bajo control telemático (pulseras) y los 195 que hay en libertad condicional —muchos de los cuales no pernoctan en la prisión, aunque sí generen trabajo a otros niveles—, el grado de sobreocupación de las prisiones extremeñas es de más del 25%, ya que por ley debe haber solo un preso por celda.
El contingente actual de funcionarios en activo en ambas instalaciones es de 492 (279 en Badajoz y 213 en Cáceres) «que respecto a la relación de puestos de trabajo deberían ser 602. Esto supone un déficit de 110 plazas vacantes sin cubrir», resalta. Además, realiza dos puntualizaciones. Por un lado, que solo una parte de esta plantilla está a cargo de la vigilancia y custodia directa de los internos en los módulos residenciales o a la hora de desarrollar sus actividades diarias. Por otro, que las cifras oficiales no computan como vacantes a los funcionarios mayores de 57 años que están en segunda actividad, y es «especialmente notorio que las dos prisiones provinciales tienen plantillas muy envejecidas», arguye.
«En un módulo donde están presos por homicidios, asesinatos, violaciones o abusos sexuales, lo normal es tener dos funcionarios para controlar sesenta internos», sostiene. Mismo número de trabajadores que puede haber en módulos de menor peligrosidad pero con «120 o 140 reclusos». «Cuando hay tres trabajadores, es una cosa excepcional», asegura Díez de Baldeón. «Esto es insostenible, así no se puede seguir», concluye, mientras critica que «la Administración Penitenciaria está intentando en todo momento ocultar la realidad diaria de los funcionarios de prisiones, presionando a los profesionales penitenciarios que han roto su silencio y premiando al personal directivo».
Las agresiones a los funcionarios no son los únicos hechos delictivos que se registran entre los muros de estas dos prisiones. También se producen peleas entre internos, como el apuñalamiento con un pincho carcelario que tuvo lugar en febrero pasado en un departamento del centro penitenciario de Badajoz; agresiones sexuales entre presos, de las que también se tiene constancia de una el año pasado; intentos de fuga o incautaciones de sustancias prohibidas, como la reciente decomisación a un interno de un alijo de hachís al regreso de un permiso, también en este mismo centro.
«El incremento de ingresos con patologías psiquiátricas y policonsumos asociados de drogas está provocando extorsiones, coacciones, amenazas, agresiones o ajustes de cuentas», subraya este portavoz de TAMPM. Igualmente, apostilla, se han incrementado notablemente los suicidios en prisión. En 2018, se consumaron cuatro por ahorcamiento en la de Badajoz, donde ha habido varias tentativas más. Se llevan a cabo «con sábanas hechas tiras, diez o veinte de ellas. Las van trenzando unas con otras, como se haría una cuerda normal», explica.
Los trabajadores de Instituciones Penitenciarias tienen que seguir haciendo frente, además, a los riesgos de accidentes biológicos y de enfermedades infecto contagiosas, «que si bien están erradicadas para la población general, continúan presentes en las cárceles como la sarna, la hepatitis y la tuberculosis». De esta última enfermedad se contagió un funcionario el pasado año en el centro pacense, teniendo que someterse a «un largo tratamiento sanitario».
TELÉFONOS MÓVILES / En el 2017 se incautaron alrededor de 1.400 teléfonos móviles en las prisiones españolas. Tanto en la cacereña como en la pacense los trabajadores han mostrado ya su preocupación por el aumento de los que se detectan. Solo en la de Badajoz, el año pasado se confiscaron más de una veintena. Se trata de aparatos de muy reducidas dimensiones (con un largo que puede ser de menos de 7,5 centímetros), que se compran en plataformas de comercio electrónico «por 15 o 20 euros» y que son introducidos por las familias de los reos o por ellos mismos al regresar de permisos. Luego, ya en prisión, pueden venderse por «160 o 200 euros». «Estos teléfonos no solo se utilizan para comunicarse con el exterior, sino que suponen un grave riesgo para la seguridad en manos de internos pertenecientes al crimen organizado, bandas armadas o internos radicalizados yihadistas, siendo también objeto de extorsión y un medio para el blanqueo de capitales».
De la misma forma, también se incautan con frecuencia «armas de fabricación casera pero que pueden matar. Muchos de estos reclusos saben pinchar y dónde lo hacen porque no es la primera vez que cometen un asesinato o un homicidio». Las disputas entre internos, puntualiza, «vienen mucho por temas de drogas y por ajustes de cuentas porque contraen deudas que luego no pagan». Un ejemplo: «Si te prestan un caja de tabaco, se convierte ya en tres que tienes que devolver y si pasa una semana, en seis. Son unas progresiones geométricas impresionantes».
A estos riesgos ya existentes se van añadiendo otros nuevos como «el peligro potencial derivado del uso de drones para introducir todo tipo de objetos y sustancias prohibidas en las prisiones extremeñas».
