Las confederaciones abren casi 140 expedientes sancionadores al año por infracciones relacionadas con la captación de aguas subterráneas y de ellas, más de un tercio están motivadas por lo que denominan «alumbramientos no autorizados, apertura de pozos y detracción de aguas subterráneas sin permiso»; esto es, por realizar un sondeo o iniciar la explotación de la bolsa de agua hallada a través de esa perforación sin obtener las autorizaciones que deben emitir alguna de las tres confederaciones con competencias en Extremadura: Tajo, Guadiana y Guadalquivir.
El ‘caso Julen’, el niño hallado muerto tras caer a un pozo de sondeo en una finca de la localidad malagueña de Totalán, ha agitado el debate sobre la regulación y el control sobre este tipo de actuaciones por parte de las administraciones. En el periodo 2014-2018 los organismos de las dos principales cuencas que atraviesan la región (Tajo y Guadiana) han abierto 530 expedientes sancionadores relacionados con distintas prácticas, y de ellos, 194 son por sondeos o pozos no autorizados. Son los datos de las intervenciones realizadas por parte de la Comisaría de Aguas en cada caso, que realiza las labores de vigilancia en cada cuenca con la colaboración del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). Según los datos aportados también a este diario por el instituto armado, solo en el 2018 tramitaron 53 infracciones relacionadas por la apertura de pozos de sondeo sin autorización en la región: 25 en la provincia de Badajoz y 28 en Cáceres.
La realización de sondeos para verificar la existencia de agua en el subsuelo y proceder a su aprovechamiento está regulada por el texto refundido de la Ley de Aguas y el reglamento que la desarrolla. Como norma general, la mayor parte de los usos para los que se realizan este tipo de pozos en Extremadura (casas de campo particulares con consumos por debajo de 7.000 metros cúbicos de agua al año que se destinan al abastecimiento y a cubrir las necesidades de un huerto de pequeñas dimensiones) no requieren permisos previos por parte de las confederaciones (lo que de denomina el permiso de investigación) independientemente de que sí haya que comunicar la actuación a la administración autonómica para llevar a cabo la perforación. Una vez que se lleva a cabo la perforación y ‘alumbra’ el agua, sí que hay que tramitar una ‘legalización’ de ese pozo mediante su inscripción en el Registro de Aguas (en la sección B) y aportar la documentación correspondiente.
REGISTRO
«Hay que registrarlos, pero no todo el mundo lo hace», reconocen fuentes del sector, principalmente por los costes que conlleva ese trabajo tanto administrativos (tasas) como por la necesidad de un proyecto técnico. Eso, y el hecho de que haya pozos anteriores a la aprobación de la ley (de 1985) contribuyen a que no pueda haber un control «con exactitud» sobre este tipo de instalaciones por parte de las autoridades. Y eso que no hacerlo conlleva sanciones y también una serie de ‘desventajas’ para el titular, fundamentalmente en cuanto a que los derechos sobre esas masas de aguas que garantiza la inscripción en el registro se pierden y pueden ser aprovechados por otros usuarios.
¿Cuántos pozos hay en Extremadura?. «Es casi imposible dar una cifra concreta», afirman desde las Confederación del Guadiana. Por un lado, porque no todos los registros en los que se deben inscribir este tipo de actuaciones están informatizados y por otro, porque no todos los que llevan a cabo una actuación de este tipo cumplen después con la obligación de regularizar su situación mediante la inscripción en ese registro.
LA VIGILANCIA
El hecho de que los pozos se encuentren en terrenos privados dificulta además la vigilancia por parte de la Guardería Fluvial y del Seprona, aunque, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en los últimos cuatro años se han realizado 4.000 inspecciones relacionadas, entre otras cuestiones «con la tramitación de expedientes de disposición de aguas subterráneas». A través de esas inspecciones se han incoado en ese periodo 196 expedientes sancionadores en la provincia de Cáceres. De ellos, 23 están relacionados con el alumbramiento no autorizado de aguas subterráneas y uno por la apertura de un pozo. Hay otros 172 expedientes sancionadores relacionados con el incumplimiento de las condiciones otorgadas en los permisos.
En el caso de la Confederación del Guadiana, se han iniciado en en los últimos cuatro años 360 expedientes sancionadores, de los que 170 están motivados por la apertura de pozos y extracción de aguas subterráneas sin autorización o concesión administrativa. Hay 93 que terminaron en una sanción, tras verificarse la ilegalidad de las actuaciones; otros 13 expedientes siguen aún en trámites y 64 fueron archivados. También se han iniciado en el mismo periodo otros 164 expedientes por cuestiones como la derivación de aguas de los caudales sin autorización o por incumplir las condiciones de las autorizaciones o concesiones. En 93 casos derivaron en sanciones, hay un caso aún en trámites y otros 70 fueron archivados.
La confederación del Guadalquivir no ha aportado los datos, pero en todo caso la influencia de esta cuenca apenas representa un 3% del territorio extremeño.
