Solo cuando los estatutos se desbordan se explica lo que está ocurriendo esta semana con las sentencias judiciales sobre la gestión de las cuencas hidrográficas en España. En Castilla-La Mancha deben estar pensando si, tras los fallos del Tribunal Constitucional en contra del Estatuto de Andalucía y del de Castilla y León respecto a la gestión de las cuencas del Guadalquivir y Duero, respectivamente, la Junta de Extremadura se fijará en su texto estatutario para que, una vez se apruebe, el próximo recurso el Gobierno extremeño les señale directamente. Y es que en el artículo 98.3 del borrador del Estatuto recoge que "los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen derecho al uso preferente de los recursos hídricos de su territorio para consumo humano, desarrollo económico e industrial, agrícola y ganadero, así como para el sostenimiento medioambiental y para cualquier otro objetivo que forme parte del ámbito de sus intereses".

Hay que recordar que la tramitación del Estatuto castellanomanchego está paralizada en el Congreso ante la falta de acuerdo entre PSOE y PP por la gestión del uso del agua, y ha generado polémica sobre todo con Murcia, ya que contempla el veto al trasvase Tajo-Segura. Y es que en su artículo 100.1 afirma: "Corresponde a los poderes públicos de Castilla-La Mancha en los términos del presente Estatuto y de acuerdo con la Constitución Española, con la legislación estatal y con la normativa comunitaria aplicables y conforme al principio de unidad de cuenca, velar para evitar cualquier transferencia de agua de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que perjudique los intereses de Castilla-La Mancha y remover cualquier obstáculo que impida la consecución de los objetivos previstos en el artículo 98 del presente Estatuto, atendiendo a criterios de sostenibilidad y de garantía de los derechos de los castellanomanchegos".

El hecho de que aún no haya sido refrendado en las Cortes es el único impedimento a un posible recurso por parte de Extremadura, a la vista de lo sucedido con Andalucía y Castilla-La Mancha, ya que el Ejecutivo extremeño insiste en defender que cuando una cuenca pasa por diversas regiones debe ser el Estado el competente.

SOLIDARIDAD EXTREMEÑA Esa intensa defensa del agua para todos que hace Extremadura se entiende por lo que recoge el Estatuto extremeño, que en el artículo 7.8 señala: "Los poderes públicos extremeños velarán por un uso racional del agua y por su distribución solidaria entre los ciudadanos que la precisen, de acuerdo con el marco constitucional de competencias y las prioridades que señala la ley, sin menoscabo de la calidad de vida de los extremeños, del desarrollo económico de Extremadura confirmado mediante estudios que garanticen las demandas actuales y futuras de todos los usos y aprovechamientos y sin perjuicio de las compensaciones a las que haya lugar".