Desde que la reforma de la Ley Hipotecaria permitió a la Iglesia inmatricular los templos de culto --antes ya podían hacer lo propio con fincas, viviendas y hasta colegios-- las diócesis españolas no tardaron en iniciar el proceso que todavía no está terminado y que afecta a todas las comunidades. Navarra parece ser la más afectada de momento, porque también es la única que cuenta con un número exacto de inmatriculaciones desde la reforma de la ley en 1998: 1.087 propiedades. Quizás por eso es también la comunidad donde se ha formado el frente de lucha más estructurado en defensa del patrimonio, una patrimonio que sea del pueblo. La Plataforma Ekimena --www.plataforma-ekimena.org--, que recibe llamadas de todas las comunidades en busca de información, dispone de documentación exhaustiva sobre los bienes que consideran expoliados, aunque de forma legal, en su territorio y todos sus alcaldes están al tanto de lo que ocurre.

Pero son pocos los ayuntamientos que han entrado en conflicto con la poderosa institución eclesiástica, pese a que su obligación es defender y velar por su patrimonio. Se pueden amparar en el artículo 16 de la Constitución Europea, que recoge que ninguna confesión tendrá carácter estatal, como mantendría en España el artículo 206 de la Ley Hipotecaria respecto a la posición privilegiada de los diocesanos, al equipararlos el franquismo con funcionarios públicos. Y ahí surgen las batallas que se libran en más de un juzgado.

Los letrados de los que se nutre la plataforma navarra recuerdan el artículo 14 de la Constitución Española, contra el que se atentaría de comprobarse que no existe un principio de igualdad de la confesión católica respecto a otras confesiones. Por ahí defienden la inconstitucionalidad de las inmatriculaciones eclesiásticas. Entre los bienes registrados a nombre de los obispados figuran en las diversas comunidades afectadas casas rectorales y ermitas, grandes monumentos religiosos, palacios episcopales, atrios de iglesias e incluso cementerios, que desde el 98 se suman a otras propiedades que ya podía registrar el clero desde el desarrollo de la ley en 1946, y algunas de las cuales ha vendido sin conocimiento de sus vecinos, según Ekimena.

El revuelo generado por la plataforma navarra ha levantado el interés de la clase política en los últimos días. El diputado de Izquierda Unida, Garpar Llamazares, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas sobre lo ocurrido desde la modificación de la Ley Hipotecaria del 98, con las que insta al Gobierno a suprimir el "anacrónico privilegio" que permite a los obispos actuar como funcionarios públicos para realizar inmatriculaciones en el Registro de la Propiedad y a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que permite estas apropiaciones.