La Comisión Europea (CE) exigió ayer a España la devolución de 59,6 millones de euros por irregularidades en la gestión del gasto agrícola. La mayor parte de esta sanción (54,9 millones) corresponde a la plantación ilegal de viñas, sobre todo en Castilla-La Mancha y Extremadura.
España deberá devolver 54,9 millones de euros a las arcas comunitarias por no controlar el cultivo de vid no autorizada, durante las campañas 2003 y 2004. Un portavoz de la Comisión recordó que el cultivo de vid está limitado por los "derechos de plantación" y según la decisión aprobada, se registraron "carencias" en los controles de este tipo de regulaciones.
Tras las auditorías y las consultas hechas con las autoridades españolas, Bruselas constató que España, ya sea la administración nacional o las autonómicas, no efectuó los controles necesarios para la regularizar las plantaciones ilegales, según un documento de la dirección de Agricultura de la CE. Las dos principales autonomías afectadas fueron Castilla-La Mancha y Extremadura, donde se hallaron 9.280 hectáreas de viñas ilegales.
En este procedimiento, la CE determinó problemas como la falta de justificación para garantizar las excepciones a las reglas de la UE sobre los derechos de plantación.
La comisaria europea de Agricultura y Desarrollo Rural, Mariann Fischer, aseguró que la CE trabaja "muy duro para mantener el mejor control posible sobre los gastos agrícolas". "Este es dinero de los contribuyentes y tienen derecho a saber que se está gastando con inteligencia", añadió. También aseguró que el Tribunal de Cuentas de la UE está reconociendo los esfuerzos en este sentido.
