La aportación al sistema eléctrico no es el único factor a considerar en el debate energético. Está también el económico. Solo la Junta de Extremadura ingresa cada año 60 millones de euros procedentes de la Central Nuclear de Almaraz por el cobro del impuesto sobre instalaciones que inciden sobre el medio ambiente. Esto supone algo más del 1% del presupuesto autonómico.

Pero no solo la Administración regional percibe ingresos de la instalación. También los municipios del entorno, que en base al Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales se reparten casi 6 millones al año y, en el caso de la localidad de Almaraz, otro millón más por el impuesto sobre actividades económicas (IAE). Asimismo, hay otros tres millones que asigna la empresa pública Enresa a los ayuntamientos de Almaraz, Saucedilla, Serrejón, Casatejada, Romangordo y Belvís de Monroy en compensación por la proximidad de la planta y sus residuos.

A esto hay que sumar la aportación de empleo. La central tiene una plantilla estable de unos 700 empleados. Pero en los ciclos de recarga, que duran en torno a un mes y se realizan en fases de 18 meses --cada uno de los reactores realiza una parada por recarga cada año y medio--, se llegan a contratar entre 1.000 y 1.500 personas de las comarcas del norte de Cáceres. Eso en cuanto a puestos directos, porque a esas cifras habría que agregar otro millar de empleos indirectos.

Según un estudio económico realizado por el profesor de la Universidad de Extremadura Juan Vega y presentado hace un año, el cierre de la planta supondría un "shock de 91 millones de euros en la economía extremeña".