El Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi) de Extremadura planteará en los próximos meses al Gobierno extremeño la propuesta de una ley autonómica de promoción y apoyo a los discapacitados. El proyecto, en el que llevan varios meses trabajando, pretende que la Junta "regule el sector de cara a contar con mejores medidas" y, entre otras cosas, "apoyos fiscales".
Así lo avanzó ayer el presidente del Cermi Extremadura, Jesús Gumiel, durante un desayuno de trabajo en el que participó junto con la consejera de Sanidad y Dependencia, María Jesús Mejuto, y representantes de las asociaciones de discapacitados Feafes, Feaps, Fedapas y Aspace. El motivo, la celebración, ayer, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
A la hora de hacer un balance de la situación, Gumiel señaló que aún hay que avanzar aunque valoró de forma "muy positiva" las últimas actuaciones llevadas a cabo en este ámbito por la Junta de Extremadura, así como el alto nivel de participación de las asociaciones de discapacitados en la toma de decisiones.
Entre las medidas adoptadas recientemente, resaltó el decreto de acceso a la función pública para la personas con discapacidad, la ley de promoción de la accesibilidad o el Marco de Atención a las Discapacidades (Madex).
PARA EL FUTURO Pero, además, resaltó que de cara al futuro hay medidas "muy avanzadas" que nacieron de las asociaciones de discapacitados y que la Junta va a poner en marcha "y que van a permitir que cambie nuestro panorama en los próximos años".
Gumiel avanzó, por ejemplo, que el VI Plan de Empleo de la comunidad incluirá medidas de discriminación positiva, a lo que suma la próxima creación de un fondo autonómico de promoción de la accesibilidad que permitirá a los ayuntamientos acometer actuaciones como la eliminación de barreras arquitectónicas.
Sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el presidente del Cermi extremeño recordó que en toda Europa se han recogido 1,3 millones de firmas para reclamar la puesta en marcha de una legislación europea específica para la no discriminación para las personas con discapacidad.
