El Consejo Económico y Social advierte que hay determinadas medidas políticas "que pueden afectar al estado de bienestar", por lo que reclama que "no se toquen las que afecten a la sanidad o la educación". La directiva de este organismo se entrevistó ayer con el presidente de la Junta, José Antonio Monago, al que entregó la memoria anual del 2010, un año "de las esperanzas rotas", dado que se esperaba comenzar a salir de la crisis económica y no ha sido así, porque "las cosas no funcionan como es debido", indicó el presidente del CES, Santiago Hernández, al término de la reunión. A su juicio, es muy importante "que se recupere la actividad económica para generar empleo", y para ello es fundamental que "se mantengan las políticas de diálogo social y que siga la política de consenso", matizó Manuel Flores, presidente de la Comisión de Desarrollo del CES, que indicó que las políticas de austeridad deben tomarse con cautela para que no afecten a esos ejes fundamentales para los ciudadanos y resaltó que la crisis "llega a límites preocupantes". El efecto de la crisis sobre el estado del bienestar "supone una amenaza que periódicamente surge en el debate político", recoge las conclusiones de la memoria del CES, que considera que "el adelgazamiento de la administración resulta inevitable en algunas parcelas, pero resultaría claramente injusto e ineficaz en todas aquellas relacionadas con el bienestar general".

En este sentido, el informe señala que las políticas de austeridad impuestas desde la Unión Europea "inciden en el retardo en el crecimiento económico y, por tanto, en la nula recuperación del empleo". Además, argumenta que en el 2010 no se cumplió el refrán de "año de nieves, año de bienes", más bien al contrario, ya que la gran parte de los indicadores socioeconómicos de la región mostraron una imagen en negativo "que se confabula con un clima social, anímico incluso, de incertidumbre y desconfianza que no contribuye a la recuperación". Por ello, el CES muestra su "preocupación por la permanencia en un contexto de serias y amplias dificultades económicas y de deterioro del bienestar social por las que atraviesa Extremadura", que tiene su principal víctima en las personas desempleadas para las que demanda en particular una mayor atención.

A este respecto, en la memoria del pasado año se constata la destrucción de empresas (más de 1.600 cerraron el pasado año), sobre todo del sector de la construcción y la industria.

PROPUESTAS Para afrontar esta delicada situación a corto y medio plazo, este organismo ofrece varias propuestas, tales como la necesidad de "un mayor esfuerzo compartido público y privado"; un reparto más justo y eficiente del mismo para acelerar el proceso de salida de la crisis, evitando la destrucción de empresas, ayudando a mantener las existentes y promocionando el emprendimiento; permitir a las empresas tener las condiciones necesarias para ser los motores del crecimiento económico y del empleo; y, sobre todo, "apostar por el diálogo social", que ha dado sus frutos en los últimos años, recordando el acuerdo para la reforma del Estatuto de Autonomía.

Sobre este asunto, Flores apela a la "política de concertación y consenso", para que "todas las cuestiones económicas y sociales se hagan con la mayor participación de los agentes económicos y sociales", y que las leyes (el CES emitió 16 dictámenes de otras tantas) "se desarrollen y no queden en una mera declaración de intenciones".