"Es cierto que hay hacinamiento, pero no solo en la prisión de Badajoz, sino que es un mal endémico general". Con estas palabras resume Cesar Montero, subdirector de Seguridad de la cárcel de Badajoz la situación que vive el centro pacense, y que no es nueva, ya que viene arrastrada desde hace años, pero que no ha dejado de agravarse debido al constante aumento del número de reclusos.

En estos momentos, según los datos facilitados ayer por Montero, la prisión pacense tiene 905 internos, aunque hay que descontar 53 que aunque están en el centro, lo hacen en la sección abierta por lo que no cuentan como plazas ocupadas. De ellos, 40 son mujeres, que como los demás ocupan sus celdas con una compañera más, en contra de lo estipulado por la ley, que establece un único recluso por celda.

Este responsable de la cárcel de Badajoz insiste en que esta saturación de reclusos se registra en el resto de las prisiones españolas, aunque aclara que por el momento no hacen falta más funcionarios pese al incremento de presos. "La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en Badajoz la tenemos completa", señala. El problema está en que cada vez son más los internos que llegan de fuera de Extremadura y extranjeros.

En este sentido, no vería con malos ojos la creación de más instalaciones en la región para acoger a reclusos, aunque matiza que "si fuera solo por presos extremeños no haría falta otra prisión, pero el problema está en los que se derivan de otros lugares".

Lo cierto es que la situación existente en la prisión de Badajoz ha sido denunciada por varios sindicatos, entre ellos Acaip, CSI-CSIF y CCOO. Todos ellos han criticado el nivel de hacinamiento que sufre, albergando 500 presos más de los que establece su capacidad. Incluso CCOO ha asegurado que las medidas de seguridad en el centro no son suficientes y que hay trabajadores que se sienten amenazados. El último incidente relevante ocurrió el pasado verano cuando un grupo de presos protagonizó dos peleas un fin de semana en el interior de las dependencias. La Delegación del Gobierno dijo entonces que no hubo peligro para la integridad física de los funcionarios de este centro.