El informe del Defensor del Pueblo analiza algo más en profundidad algunos de los casos extremeños que ha conocido e investigado a lo largo del 2004, aunque la mayoría de ellos no están aún cerrados.
Forense en Oliva
Un elevado número de vecinos de Oliva de Mérida se dirigieron al Defensor del Pueblo para expresar su malestar por el hecho de que cada vez que precisaban los servicios de un médico forense para llevar a cabo una autopsia debían desplazar el cadáver a otro municipio, con los gastos y perjuicios que ello ocasionaba a las familias. Anteriormente, señala el informe de la institución que preside Enrique Múgica, las autopsias se realizaban en las instalaciones del cementerio.
El Defensor del Pueblo trasladó el caso al Ministerio de Justicia para que estudiara la posibilidad de que fuese el forense el que se desplazase hasta esta localidad pacense.
Muerte en la cárcel
La Asociación Todos Iguales Todos Legales remitió el expediente de un preso detenido en Badajoz en abril del año pasado por un presunto delito de tráfico de drogas. Tras su ingreso en la prisión de Badajoz avisó de que tenía cita en un hospital pacense para estudiar la pirosis estomacal que le había sido diagnosticada. Sin embargo, según consta en el informe de la subdirección médica del centro penitenciario, nunca fue trasladado al hospital "por imposibilidad policial". El 3 de agosto se desvaneció y finalmente fue trasladado al hospital. Le diagnosticaron un cáncer y falleció poco después.
Exalcalde de Plasencia
El nieto de un exalcalde de Plasencia, de la época anterior a la Guerra Civil, explica que su su abuelo fue sancionado en 1941 por el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Cáceres al pago de una sanción por un importe de 25.000 pesetas. Su objetivo era solicitar la devolución de esa cantidad. El Defensor del Pueblo cuestionó a la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia sobre su existen previsiones para que casos como éste puedan ser evaluados por la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil.
Maltrato animal
El Defensor del Pueblo ha recibido quejas sobre la celebración de matanzas tradicionales de cerdos en un restaurante de Almendralejo y también por parte del Ayuntamiento de Barquilla de Pinares (pedanía dependiente de Talayuela). Asimismo, se ha denunciado el sacrificio de animales en las perreras dependientes del Ayuntamiento de Badajoz mediante determinados venenos.
