El fallo del Tribunal Constitucional, que ha declarado inconstitucional la transferencia a la Junta de Andalucía de competencias de la gestión del Guadalquivir, resulta tan clarificador para las crecientes reivindicaciones autonómicas sobre política hidrográfica como incómodo para el Gobierno andaluz. Esta decisión sostiene que la Junta de Andalucía no se puede arrogar en exclusiva las competencias sobre el río pese a que más del 90% de los 57.527 kilómetros cuadrados de la cuenca son andaluces, porque el resto pertenece a Extremadura, La Mancha y Murcia.
Este abrumador protagonismo andaluz, que en el caso de la población alcanza el 97,7% de la cuenca, no puede solapar los derechos de otras decenas de miles de residentes en otras regiones o circunstancias como que el escaso territorio castellano-manchego de la cuenca incluya la zona de Puertollano, uno de sus grandes enclaves industriales. También es evidente que las decisiones tomadas en la cabecera del Guadalquivir afectan, aguas abajo, a sus 666 kilómetros de recorrido.
La posición del TC ayudará a dilucidar otras reivindicaciones autonómicas en materia hidrográfica, surgidas al calor de las reformas de los estatutos de autonomía emprendidas por Cataluña y Andalucía, como la de Castilla y León sobre la gestión del Duero o las de Aragón, Murcia y Valencia en relación a la reserva de caudales "autonómicos" del Ebro o del Tajo.
LA UNIDAD El TC ha venido a reforzar el principio de unidad de cuenca, que propugna que todo el territorio de influencia de un río intercomunitario lo debe de gestionar un único organismo, independientemente de las administraciones territoriales afectadas. Este principio, implantado en España desde hace casi un siglo y que algunos han visto peligrar con las nuevas reivindicaciones autonómicas, es precisamente el que propugna la nueva Directiva Marco del Agua de la UE, que obliga a implantar órganos únicos de cuenca a los países miembros antes de 2015.
Pero este impacto clarificador del TC sobre el futuro mapa hidrográfico español llega a Andalucía en un momento inoportuno, con una poco consolidada Agencia Andaluza de Agua que, con dos años de gestión efectiva y numerosos relevos en sus equipos directivos, afrontaba ahora su controvertida fusión con la empresa autonómica de gestión ambiental Egmasa y, además, en un marco de restricciones presupuestarias y de contestación laboral. Cabe recordar que el traspaso de las competencias sobre el Guadalquivir ahora anuladas le supusieron a la Junta de Andalucía la asunción de unos 800 funcionarios y de unos ingresos anuales ordinarios de 123 millones de euros, además de otros 500 millones de euros procedentes de los fondos europeos.
De momento no se sabe si el fallo del TC paralizará la controvertida intención de la Junta de Andalucía de fusionar la Agencia Andaluza del Agua con Egmasa o si le obligará a devolver a la Administración central los 800 funcionarios y centenares de millones de euros transferidos desde 2009. Pero por encima de estas controversias, aumentan las voces de quienes reclaman una mejor gestión efectiva para este ´río grande´, que ya nace herido en sierras jiennenses como la de Las Villas, calcinada desde 2005 por un pavoroso incendio forestal, y muere frente al Atlántico, en un estuario catalogado recientemente por científicos del CSIC como uno de los ecosistemas fluviales en peor estado ecológico de Europa.
