Solo el Parlamento de Galicia ha regulado hasta ahora las directrices que deben seguir los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración autonómica. Extremadura será, por tanto, la segunda región española que regule las directrices de la gestión pública si se materializa la propuesta del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, de crear un código de buenas prácticas que fije los criterios generales para definir, entre otros aspectos, la retribución de los miembros de la Administración o los precios de referencia de sus vehículos oficiales.
El máximo responsable de la Junta ya anunció su intención de impulsar esta iniciativa tras la polémica suscitada por la compra de un Lexus para su uso como vehículo oficial de la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Comercio e Innovación, que denunció el PP el pasado mes de noviembre. Vara retomó la idea en el último pleno de la Asamblea del 2008 y el líder regional del PP, José Antonio Monago, recogió el guante este jueves presentando un pacto por la transparencia en el gasto de dinero público, que incluye la aprobación de varias leyes y la creación de un tribunal de cuentas y otros organismos similares.
Pero esta comparecencia fue criticada tanto desde la Junta como desde el PSOE extremeño, que acusaron a Monago de falta de lealtad y de despreciar al Parlamento autonómico, respectivamente. Y es que, según informó la vicepresidenta primera y portavoz del Ejecutivo regional, Dolores Pallero, el presidente remitió una carta a Monago --similar a otra enviada al presidente de la Asamblea, Juan Ramón Ferreira, y al presidente del grupo parlamentario socialista, Francisco Fuentes-- en la que instaba a dar los pasos "en sede parlamentaria" para elaborar el código de buenas prácticas, con objeto de que esta sea aprobado en el primer trimestre del año.
Así entiende también que debe ocurrir el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ignacio Sánchez Amor, quien por ello calificó la actitud del dirigente popular como "un desprecio" hacia la institución extremeña. Su homóloga en el PP, por su parte, calificó la reacción de Sánchez Amor como "un claro síntoma de nerviosismo" en las filas socialistas y se preguntó por qué preocupa tanto a este partido que la opinión pública conozca las propuestas del PP "para acabar con el despilfarro y el abuso del dinero público".
ORIGEN Sin embargo, este no es el único punto en el que discrepan los dos partidos extremeños, que también discrepan acerca del origen del código de buenas prácticas. Así, mientras que para Sánchez Amor la creación de un código de buenas prácticas surge principal de la "especial sensibilidad social" que sobre el gasto público existe en la actual coyuntura de crisis económica, Angulo defiende que "viene a colación de las denuncias del PP sobre el exceso de gastos de algunos miembros del Gobierno extremeño". Tanto es así que la portavoz popular asegura que el mismo nombre causa estupor en su partido, pues les lleva preguntarse: "¿es que hasta ahora no se han llevado a cabo buenas prácticas".
Pero más allá de este tipo de cuestiones, el PP y PSOE extremeños deben comenzar por acordar próximamente mediante qué sistema elaborarán el código --de buenas prácticas, según la propuesta de Vara, y de buen gobierno, según Monago-- y a qué administraciones se aplicará. De momento, el presidente del PP anunció que tenía previsto remitir sus propuestas por carta al jefe del Ejecutivo extremeño, mientras que la vicepresidenta primera abogó por materializar la iniciativa "en el ámbito parlamentario" y "no en los en los medios de comunicación", en alusión a la rueda de prensa del dirigente popular.
OTRAS COMUNIDADES En el caso gallego, las directrices de la gestión pública están recogidas en la Ley de Transparencia y Buenas Prácticas en la Administración Pública, que surgió de un compromiso electoral del presidente regional, Emilio Pérez Touriño, y fue aprobada en junio del 2006. Según fuentes de la Xunta, el objetivo de esta normativa es impulsar la participación de los ciudadanos y definir los principios de actuación de los miembros del Ejecutivo autonómico y altos cargos de la Administración.
Sin embargo, dicha normativa no eximió al presidente gallego de la polémica el pasado mes de diciembre por la compra de un coche oficial de 480.000 euros, según denunció el PP, el pasado mes de octubre, informa La Voz de Galicia . Al igual que ocurrió en Extremadura el pasado mes de noviembre por la compra de un Lexus para uso profesional de la consejera de Economía, Comercio e Innovación, los populares acusaron al presidente de la Xunta de no adecuar sus gastos a la actual crisis económica. Por su parte, la Xunta declinó ofrecer datos del vehículo (un Audi A-8) por motivos de seguridad y Touriño aseguró que tenía el "mismo número y tipología de coches que sus predecesores".
Galicia se convierte así, de momento, en la única comunidad que cuenta con una iniciativa similar a la propuesta por el presidente extremeño. Sí que es cierto que el Gobierno de Navarra dictó en el 2004 una orden que recoge el Código de Buenas Prácticas Administrativas de la Administración de la Comunidad Foral Navarra y de sus organismos públicos, en sus relaciones con los ciudadanos, pero se centra sobre todo en cuestiones formales, recogiendo una serie de principios y reglas de la buena práctica administrativa (respeto a la dignidad de la persona, no discriminación, equidad, proporcionalidad...).
En el resto de comunidades sí que existen leyes que abordan algunos de los aspectos que Vara propone incluir en el futuro código de buenas prácticas, como el es caso de la Ley de la Oficina Antifraude del Parlament de Cataluña o la Ley de Gobierno de Castilla-La Mancha. No obstante, fuentes de los parlamentos autonómicos confirman que esta cuestión solo está encima de la mesa (o lo hará pronto) en el extremeño.
