El artículo 51 del Estatuto de Andalucía, el que se arroga las competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurran por su territorio, ha sido el que más polémica y recelos ha generado en las regiones limítrofes con Andalucía.
Y es que en su primera redacción, la nueva norma andaluza hacía referencia a la asunción de competencias exclusivas sobre toda la cuenca del Guadalquivir, sin reparar en la ´invasión´ de otros territorios.
La solución al conflicto se le dio apelando al artículo 149.1.22 de la Constitución, que dice que el Estado tiene competencias exclusivas sobre "la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad".
