Tomando como referencia el año 2003, Extremadura habría recibido del Estado un total de 912 millones de euros para financiar la atención sanitaria. Ese mismo año, la región gastó 1.030 millones, según publicó ayer ABC. La cuenta parece sencilla: si nos dan 912 y gastamos 1.030, la sanidad extremeña tendría un déficit de 118 millones de euros por año, lo que iría generando una importante deuda que terminaría gravando el presupuesto regional.

Sin embargo, en sanidad la cuestión es algo más compleja. Así, y según explicó el consejero del ramo, Guillermo Fernández Vara, a la hora de contabilizar los recursos disponibles para financiar el sistema, hay que valorar otras partidas que no figuran estrictamente como fondos aplicados a este ámbito.

Este sería el caso, por ejemplo, de aquellas prestaciones sanitarias que el Ejecutivo extremeño ya tenía asumidas antes de que se transfiriesen las competencias, como ciertas cuestiones relacionadas con la atención primaria. Dichas prestaciones ya se incluyen en los fondos estatales generales que vienen a la región.

Igualmente, habría que contabilizar como financiación los fondos europeos que recibe Extremadura para acometer ciertas inversiones, y que se encuadran en los FEDER e Interreg, así como las inversiones que se acometen con recursos propios de los presupuestos regionales, como pueden ser nuevos hospitales.

Obligación del Gobierno

En el caso de la atención que se prestaba con carácter previo a las transferencias, su coste rondaría los 72 millones de euros, con lo que el supuesto déficit quedaría reducido a 46 millones.

En cuanto a las otras dos partidas --fondos europeos y obras de iniciativa regional-- se trata en todo caso de inversiones, con lo que el gasto sólo se debería contabilizar durante el periodo en que se están ejecutando.

Sin embargo, aquí el presidente de la Junta introdujo otro factor que matiza lo dicho. Así, indicó que actuaciones como la construcción de nuevos hospitales o la incorporación de tratamientos novedosos responde a demandas sociales que, de no estar transferida la sanidad, tendría que haber acometido el Gobierno central de turno.

Por tanto, no ya la construcción de los hospitales sino su mantenimiento --tan costoso casi como la propia obra-- y la adquisición y mantenimiento de equipos que mejoren la atención dentro de los servicios catalogados como básicos, deberían ser financiados por el Ejecutivo central.

Sería cuestión entonces de ir analizando cada una de las cuestiones para discriminar qué se paga ya por otras vías, qué tiene que añadir a la financiación el Gobierno porque se trata de necesidades sobrevenidas a las que hay que dar respuesta y qué son mejoras que ha decidido incorporar cada comunidad autónoma para sus propios ciudadanos, sin que formen parte de la cartera básica y común de servicios.

Entonces sería el momento de hacer cuentas y sumar al gasto factores de la propia evolución social, como la inmigración o el envejecimiento de la población, y ver cuál es la situación y cuál la necesidad de más recursos. El único cálculo aproximado en este sentido lo realizó hace unos meses el diario Cinco Días, que fijó la deuda sanitaria de la región en 40 millones de euros tras dos años de transferencias. Frente a esto, Cataluña acumula ya más de 2.700 millones.