No es ilegal, pero le falta poco. Es la advertencia del Consejo Consultivo de Extremadura --órgano que emite dictámenes sobre todas las normas jurídicas autonómicas-- sobre el céntimo sanitario, que el Gobierno extremeño pretende incorporar el año próximo, como anunció el presidente, Guillermo Fernández Vara, en junio y recoge el anteproyecto de presupuestos. El informe de este organismo admite que "no se aprecia, por el momento, obstáculo legal para esta medida", pero avisa que no es compatible con el derecho de la Unión Europea (UE) y que, de hecho, España ya busca una alternativa.
El tributo fue creado en el 2001 a nivel nacional, abriéndose la posibilidad de que las comunidades aprobaran un tramo autonómico, que hasta ahora habían introducido seis regiones. Este año, el jefe del Ejecutivo extremeño anunció --en el marco de una amplia reforma fiscal forzada por la caída de ingresos en la crisis-- la puesta en marcha de esta medida en la región a partir del año próximo, como recogen sus presupuestos y como confirmó ayer que hará, una vez que estos tengan el visto bueno de la Asamblea (donde el PSOE cuenta con mayoría absoluta).
Sin embargo, el Consejo Consultivo no está de acuerdo con esta iniciativa, como explica su informe, que aconseja analizar "seriamente" los argumentos en contra de la misma antes de "adoptar una decisión definitiva". Este documento comienza afirmando que por el momento no hay ningún obstáculo legal para aplicar el tributo, en base al Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (artículo 52 de la Ley de 22/2009) --conocido popularmente como céntimo sanitario--, en el que está regulado. Sin embargo, a continuación expone toda una serie de argumentos contrarios a su aplicación.
Dictamen del 2008 dela Comisión Europea
En primer lugar, el informe del Consejo Consultivo señala que, "como ya es sobradamente conocido", la Comisión Europea considera que el céntimo sanitario no es compatible con el derecho comunitario y así lo ha declarado en varios documentos. El último, el dictamen de mayo del 2008, constituye el paso previo para que la Comisión lleve a España ante el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, por infringir la legislación europea.
Ante esta "firme e inequívoca" postura de la UE, el Consejo Consultivo defiende que "se debiera ser muy cauto antes de adoptar cualquier medida" respecto a la incorporación del citado tributo, que plantea ahora la Junta. De hecho, según dice textualmente, la decisión del Gobierno extremeño "podría llegar a ser declarada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, siguiendo el parecer de la Comisión Europea, contraria al derecho comunitario".
Búsqueda de alternativapor parte de España
A continuación, el Consejo Consultivo explica que todo esto ya ha sido reconocido por el Ejecutivo español, como demuestra la propuesta de reforma de la financión autonómica negociada durante el verano del 2009. En la misma, se explica que el Gobierno central está negociando con la Comisión Europea para buscar una alternativa al céntimo sanitario, que pasaría por permitir diferenciaciones territoriales en el Impuesto de Hidrocarburos con ciertos límites.
Según se anuncia en esta propuesta, una vez que la UE abra esta opción, se derogará el céntimo sanitario y se modificará el Impuesto de Hidrocarburos para que las comunidades puedan añadir un suplemento al tributo fijado a nivel nacional. El planteamiento es que los nuevos tipos sustituyan los que se cobran actualmente vía céntimo sanitario.
Por ello, el Consejo Consultivo no comprende cómo, "a la vista de tan clarificador texto" que recoge la derogación y supresión del actual impuesto, este se incorpore al sistema fiscal extremeño en los próximos presupuestos.
Un informe previo lo vetambién inconveniente
Finalmente, el Consejo Consultivo expone que un informe previo, del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, también ve inconveniente la inclusión del céntimo sanitario en la legislación extremeña. Según dice, esta postura se sustenta en varias razones; la primera: que va elevar el coste financiero y de gestión por el aumento de las solicitudes de devolución (del dinero cobrado ilegalmente, según la UE) y su importe.
En segundo lugar, considera que deja sin argumento la posibilidad de presentar --como está haciendo España-- alternativas relacionadas con la supresión del impuesto o, en su caso, de inaplicación de la directiva comunitaria. Finalmente, advierte que no hay seguridad de que, ante una resolución contraria, las regiones asuman el coste de las devoluciones.
Como conclusión, el Consejo Consultivo insta a analizar seriamente todo esto, más allá de la explicación de la Junta (que repitió ayer), que se centra en que son criterios de oportunidad y no de legalidad. De hecho, el Gobierno regional sentenció ayer que el órgano consultivo admite que el tributo es legal y da su opinión sobre la oportunidad del mismo.
