Los consejos reguladores de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas (DOP e IGP) de Extremadura ya no dependerán directamente de la Junta. Así ocurrirá cuando entre en vigor la nueva ley de figuras de calidad diferenciada, cuyo anteproyecto ha iniciado recientemente su tramitación, y que regulará este ámbito para adaptarlo a las directrices fijadas por la Unión Europea. Cuando entre en vigor, los citados órganos se convertirán en "corporaciones de derecho público", lo que les proporcionará una entidad jurídica independiente (útil, por ejemplo, para buscar más recursos --aparte de los públicos-- para financiarse).

Pero este no será el único cambio que introduzca la nueva normativa regional, la primera de este rango dedicada específicamente a este ámbito, que también regulará otros aspectos, como las infracciones y sanciones aplicables a los operadores (productores), por ejemplo, cuando no cumplan algunos de los requisitos del pliego de condiciones de la DOP o la IGP. Así lo explica Julia Martín, jefa de servicio de Calidad Agropecuaria y Alimentaria, dependiente de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, que recientemente ha recibido las competencias en este área, que hasta ahora gestionaba la Dirección General de Comercio.

"En un mundo con mercados cada vez más abiertos y globales, Extremadura, como los países europeos en general, necesitan apostar decididamente por instrumentos que permitan identificar y poner en valor sus condiciones naturales privilegiadas para producir, elaborar y transformar sus productos", considera. De hecho, añade, la Unión Europea ha unificado recientemente los criterios de las figuras de calidad diferenciada, por lo que la Junta ha entendido que este es un "buen momento" para regular este ámbito a nivel regional.

Por ello, ha iniciado el proceso para la aprobación de la ley de figuras de calidad diferenciada. Esta contribuirá fundamentalmente a aclarar la naturaleza de los consejos reguladores, que hasta ahora eran órganos desconcentrados o entes públicos especiales y que a partir de ahora se convierten en corporaciones de derecho público y, por tanto, corporaciones de tipo profesional.

Esto les permitirá, asegura Martín, establecer con mayor autonomía los tipos de recursos con que financiarse (por ejemplo, antes no podían poner tarifas por servicio). Además, se definen los poderes de la Administración para garantizar la protección de la DOP y las IGP, manteniendo un papel supervisor que le reserva, entre otras cuestiones, la potestad de conceder los registros y autorizar las modificaciones en los pliegos de condiciones.

REQUISITO IMPRESCINDIBLE "Este cambio es positivo e imprescindible, porque nos proporciona personalidad jurídica propia, requisito imprescindible para poder acreditarnos ante la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), según la nueva normativa europea", confirma Raúl Muñiz, director técnico del Consejo Regulador de la IGP Cordero de Extremadura (Corderex). A su juicio, la mayoría de los cambios que introducirá la nueva norma regional son "positivos", si bien algunos ya están en vigor. "Por ejemplo, Corderex ya funciona bajo lo que marca la norma UNE-EN 45011, según la cual ahora deben ser los operadores (productores) los responsables de