Otro criterio no técnico, pero que influirá en la decisión sobre el ATC, es el consenso político. En ese sentido, Extremadura es la comunidad que mayor nivel de acuerdo ha alcanzado, ya que todas las administraciones públicas (salvo el ayuntamiento de Albalá, aunque incluso el alcalde dimitió) están en contra. Castilla La Mancha también se ha posicionado en el mismo sentido, si bien no ha contado con el respaldo del PP. Este partido, desde la Generalitat valenciana, ha apoyado a su candidato, mientras que en Castilla y León, comunidad que gobierna y que más candidatos (cuatro) suma, ha dicho que lo aceptará si se prorroga Garoña. Finalmente, el tripartito catalán también está en contra y así lo ha manifestado en la Generalitat y el Parlament, con el apoyo de CIU, pero no del PP y el Grupo Mixto.
