Duplicar el suelo dedicado a la construcción de viviendas protegidas es uno de los objetivos que se han marcado constructores extremeños y el Gobierno regional. Lo anunció ayer el presidente de la Agencia de la Vivienda, Javier Corominas, quien habló de la necesidad de incentivar la política de alquileres y criticó el desfase entre la demanda y la oferta en el mercado inmobiliario extremeño. La responsabilidad, a su juicio, es de las políticas urbanísticas de los grandes ayuntamientos, así como del encarecimiento de la vivienda libre y los márgenes de beneficio de los promotores privados --5 veces más que una actuación pública--. Un aspecto que no comparte el sector constructor.
Corominas analizó los resultados del Plan Regional de Vivienda, de las promociones a 60.000 euros y los motivos por los que más de 20.000 demandantes siguen a la espera de encontrar un inmueble que se ajuste a sus posibilidades económicas, lejos de encajar en los pisos baratos e inalcanzables para los precios del mercado de vivienda libre.
Un acuerdo con menosbeneficios y más VPO
Entre las soluciones a corto plazo, Corominas anunció que la Junta está negociando con la Federación Cacereña de Empresas de la Construcción (Fecons) y la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Badajoz (Apdecoba) un acuerdo mediante el cual, la Agencia Extremeña de la Vivienda facilitará a los promotores políticas de suelo para hacer más viviendas protegidas, algo que respalda el sector.
Los empresarios, reiteró, reconocen que "han ganado muchísimo dinero", y que están dispuestos a "hacer lo mismo que ocurrió en España en 1991 cuando el ladrillo protegido sirvió de refuerzo a los grandes promotores y se construyeron muchísimas viviendas protegidas". Este es el momento de hacerlo, comentó, reduciendo los márgenes de beneficios en cada una de las actuaciones, "aunque para ganar lo mismo tendrán que hacer más viviendas".
Para hacer realidad esta propuesta, Vivienda no descarta cambiar la normativa actual sobre suelo, ante la negativa de algunos ayuntamientos (sobre todo el de las grandes ciudades) de ampliar hasta un 50% la cesión de suelo para vivienda de protección oficial. Además consideran que si esto se consigue, "los promotores están dispuestos a trasladar sus beneficios de la vivienda libre a la vivienda protegida".
Para Corominas, "no se puede tolerar la falta de compromiso de los ayuntamientos ni las intenciones de los promotores", que están provocando con los precios del mercado, que "tres generaciones de una misma familia se estén hipotecando para comprar una vivienda para que los empresarios mantengan unos beneficios escandalosos".
Se trata de dar solución a la demanda existente, en un mercado con "beneficios escandalosos" para los promotores en el mercado de la vivienda libre. Todo pasa, a su juicio, porque los constructores privados apuesten por la vivienda protegida, además de por tomar medidas para potenciar e incentivar el alquiler.
Discrepancias sobre elfuturo del mercado libre
"Egoísmo empresarial". Con estas palabras denunció los beneficios que, según datos de la Agencia Extremeña de la Vivienda, se están llevando los promotores de la vivienda libre en la región. Como ejemplo citó que una vivienda de 90 metros cuadrados útiles con garaje reporta unos beneficios de 121.225 euros en el mercado libre, mientras que se reducen a 26.509 si está dentro de las viviendas medias de promoción pública.
Fuentes de constructoras consultadas por este periódico, aclaran que en la documentación aportada por la Junta para hacer esa comparación se eluden aspectos imprescindibles como el precio que pagan los promotores por la compra del suelo (que supera los 48.000 euros para edificar 100 metros cuadrados). Además, niegan que ese beneficio sea tal y que el mercado libre esté agotado, pero reconocen que cada vez es más dificil vender una casa.
Oferta insuficiente paraatender a demandantes
En este contexto, desde la Agencia de la Vivienda se defiende que en la región hay 22.000 demandantes sin vivienda, ya que "el mercado libre no ha sido eficiente".
La demanda de vivienda protegidadel plan especial de la Juntaasciende a 20.586, que afecta aun volumen de población de30.000 personas, al sumar familiasy parejas. El perfil de estosdemandantes es de un menor de30 años, que quiere vivir solo ycuyos ingresos no superan los24.000 euros anuales. Con esasrentas “es imposible adquiriruna vivienda libre, a no ser quese hipotequen tres generaciones”,señaló el responsable de laAgencia de la Vivienda.Incentivar el alquilerpara salvar la demandaPara dar cabida a esas personasque no logran adquirir una vivienda,incentivar las ayudas alaquiler será “uno de los buquesinsignia de la próxima legislatura”,siguiendo las directrices quese marquen desde el Gobiernocentral, comentó. En la actualidad,el ministerio de María AntoniaTrujillo trabaja un nuevoplan para ofertar 20.000 minipisosen alquiler en toda España.Barrios desfavorecidosy planes de ordenaciónAdemás de las actuaciones confines urbanísticos, el Ejecutivoregional ha llevado a cabo proyectosen barrios desfavorecidosde Mérida, Cáceres, Badajoz yPlasencia, en los que ha realizado52 desahucios en otras tantasviviendas ocupadas de forma ilegal.En esas zonas, dijo Corominas,“se ha recuperado la legalidady la tranquilidad de los vecinos,y se ha desalojado a muchosvendedores de droga.Al margen de las actuacionesen materia de vivienda, otraapuesta de la Junta es controlarla ordenación del territorio. Así,ya ha cerrado tres planes de ordenacióndel territorio: La Vera,Campo Arañueño y Alqueva. Eneste último caso, se trata de asegurarque el recurso del agua dela presa no sea invadido por laurbanización. Hay otros cuatroplanes en tramitación.Críticas a la actuaciónde los ayuntamientosCorominas critica la labor de losayuntamientos de Cáceres, Mériday Badajoz, que, según su criterio,favorecen más a los interesesde los constructores que a los delos ciudadanos. “La derecha noquiere vivienda protegida de maneramasiva”, pero “hay que sermuy escrupulosos porque los beneficiosse los llevan unos y losgastos los pagamos otros”.
