La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Badajoz (Apdecoba), con el apoyo de la Confederación Extremeña de la Construcción, ha presentado un recurso judicial contra una de las disposiciones recogidas en el Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004/2007, aprobado en abril, al considerarlo una intromisión ilegal en la actividad de las promotoras.

El precepto impugnado es la disposición adicional segunda, que establece que los promotores que vayan a vender casas del programa especial de viviendas medias --las que costarían hasta 60.000 euros-- tendrán previamente que ponerse en contacto con la Dirección General de Vivienda, para que designe a los demandantes por orden de prioridad que correspondan para formalizar con ellos los contratos de compraventa.

Según explicó a EL PERIODICO José Ovando, secretario técnico de Apdecoba, esta disposición constituye una intervención y una intromisión en el ámbito de relaciones contractuales privadas de los promotores y constructores con los compradores, que puede chocar con la ley. Este diario pidió a la Junta una valoración sobre el recurso, pero ésta rehusó el ofrecimiento.

Ovando apuntó que la asignación directa de una vivienda a una persona por parte del Ejecutivo tiene su fundamento en el caso de viviendas de promoción pública, donde la propia administración actúa como promotora, "pero no en el caso de viviendas de protección oficial, donde la promoción corre a cargo de empresas privadas".

LAS CLAVES Asimismo, comentó que la norma perjudica tanto a empresas como a compradores porque elimina la libertad de actuación en el mercado inmobiliario. Además, en el caso de los promotores, afirmó que la Junta no se responsabiliza si se diera el caso de que el comprador asignado no puede lograr el crédito hipotecario porque se lo denieguen los bancos, "y la vivienda quedaría sin vender porque la constructora no puede ofrecerla a otras personas".

En cuanto a los compradores, Ovando aseguró que la misma norma les obliga a comprar "una casa concreta, a una empresa concreta y en un sitio concreto, aunque la persona pueda preferir tratar con otra constructora o vivir en una zona distinta a la que le marque la Junta".

Por ello, el portavoz de Apdecoba manifestó que la intervención de la Junta debe limitarse, en viviendas de promoción privada, a determinar qué ayudas se darán a los compradores y qué requisitos deben cumplir éstos, "pero los compradores deben tener libertad para adquirir su vivienda dentro de las promociones que se acojan al plan, y las empresas libertad para sacar su oferta de casas y venderlas a quienes cumplan los requisitos que marca la normativa".