El exdirigente agrario Luis Cortés obligó a agricultores a efectuar pagos ficticios para poder cobrar las ayudas establecidas por la Unión Europea para los higos secos. Así lo reconocieron algunos de los afectados ante el administrador judicial que nombró el Juzgado de Jerez de los Caballeros en la Sociedad Cooperativa Iniciativa Rural, a través de las que se canalizaban las entregas de la producción.

Estas cuantías eran ingresadas en la cuenta de la cooperativa y reintegradas el mismo día en la cuenta del propio agricultor. El objetivo de este movimiento contable servía como justificación de pago de los higos comprados, requisito indispensable para que la Junta de Extremadura --como organismo pagador-- pudiera hacer efectivo el pago de las ayudas. En la campaña del 2001, la Administración autonómica había decidido paralizar cualquier pago a la sociedad que presidía Luis Cortés, tras haber detectado algunas irregularidades en su gestión.

Durante esta comparecencia en febrero del 2005, los productores reconocieron que el exdirigente de Coag Extremadura --personándose en Salvatierra de los Barros con un presunto notario-- les había presionado con la necesidad de constituirse en sociedad cooperativa para poder cobrar los higos que habían vendido. Los agricultores presentes en esta reunión reconocen que no presentaron solicitud para entrar a formar parte de la misma aunque sí entregaron el DNI y no recuerdan si firmaron documento alguno.

LAS APORTACIONES En ese sentido, los afectados argumentan en su defensa que en ningún momento llegaron a realizar la aportación económica obligatoria para integrarse como socios en cualquier cooperativa. La razón --según María de los Angeles Jiménez, la letrada que defiende a los productores-- es que en ningún momento se llega a crear una nueva sociedad cooperativa, dado que Iniciativa Rural , que actuaba como sociedad compradora, ya operaba desde finales de los años 90.

Con este planteamiento, lo que sin consiguió Cortés es que los productores hicieran aportaciones económicas voluntarias --como si fueran socios de la cooperativa --, aunque realmente el objetivo final de las mismas era conseguir el pago ficticio de los higos para luego poder acceder a las ayudas. Esas aportaciones voluntarias eran similares a las que los agricultores debían recibir por la producción que habían entregado a Cortés.

Según reconocieron ante el administrador judicial, estos agricultores aseguran con rotundidad que algún máximo responsable de una entidad financiera les llegó a decir que "eso era una comedia que no les iba a causar perjuicios económicos".

En todo este proceso y para que la sociedad pudiera canalizar las ayudas era necesario que la Sociedad Cooperativa Iniciativa Rural operara como organismo almacenador de higos. Fuentes jurídicas cercanas al caso aseguran que esta cooperativa realizaba la actividad de compra sin llegar a cumplir los requisitos necesarios para ser organismo almacenador, motivos entre otros por los que el juez que lleva el caso le imputó a Cortés delito de falsificación y delitos societarios al constatarse la manipulación de actas y la alteración y falseamiento de la contabilidad de la sociedad que presidía.

PRISION Por otra parte, ayer se cumplió una semana desde que el juez de Jerez de los Caballeros, encargado de instruir el caso por el presunto fraude, decretara el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del exdirigente agrario, una medida cautelar que habían solicitado tanto el fiscal como la abogada de la acusación particular.

El juez de Jerez, tras tomar declaración durante más de cuatro horas --desde las 13.30 hasta las 17.45 horas-- a Luis Cortés, acordó dictar el auto de prisión justificando esta medida por existir motivos suficientes para considerar que el exdirigente agrario es criminalmente responsable de diversos hechos que tienen carácter de delito y se castigan con penas de prisión, en algunos casos muy elevadas.

En cuanto al fin de dictar el auto de prisión provisional, éste se argumentaba en asegurar la presencia del imputado en el proceso, evitando con ello la ocultación, alteración o destrucción de pruebas.