El sindicato ANPE mostró ayer su oposición a la intención del Gobierno de paralizar la aplicación de la ley orgánica de calidad de la enseñanza (LOCE) "sin plantear soluciones alternativas". En su opinión, "la anulación de las reformas educativas sigue siendo una incógnita y se mantendrán los problemas actuales del sistema educativo". El profesorado, reiteró, avala "de forma inequívoca" la demanda de un cambio en la normativa vigente hasta la elaboración de la LOCE.
Educación y Gestión (EyG) considera "totalmente inoportuna" la paralización de la LOCE, así como "muy largo" su proceso de detención. Asegura que esta decisión del Gobierno, cuenta con la oposición de "un gran número" de padres, profesores, directivos, organizadores, profesionales y sindicatos que apoyaron la reforma. Por ello, "el caos y la incertidumbre están servidos", afirmó ayer el presidente de esta patronal de la enseñanza concertada, Néstor Ferrera, que calcula que la paralización de la ley durante dos años y el posterior tiempo de desarrollo de una nueva norma dilatará el proceso en el tiempo "más allá de la actual legislatura".
El arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, cree que la paralización de esta normativa "está produciendo desconcierto" y asegura que "no se puede saber el valor de esta ley legítimamente aprobada, ya que no se deja ponerla en práctica".
