Se trata de defender derechos fundamentales --igualdad y libertad de conciencia--, o lo que es lo mismo, evitar que se conculquen los derechos consagrados en los artículos 14 --nadie podrá ser discriminado por razones de índole religioso-- y 16.1 --garantiza la libertad de culto-- de la Constitución. Son los principales argumentos en la pionera sentencia que ordena la retirada de crucifijos de un colegio de Valladolid y que ayer suscitó numerosos comentarios y valoraciones. Hasta el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo hizo, aunque escuetamente. "No tengo más que respetarla", se limitó a decir.
Y si a libertad e igualdad de conciencia se apela en la sentencia que ordena la retirada de los citados símbolos religiosos, al argumento de que España es un Estado aconfesional lo hacen quienes defienden dicha retirada.
Es un Estado aconfesional desde 1978, con la aprobación de la Constitución Española, cuyo artículo 16.3 reza: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones". Un Estado aconfesional es, pues, aquel en el que el gobierno no se adhiere a una religión oficial específica, pero no rechaza la colaboración con los distintos credos; distinto a Estado laico, o aquel que no establece tratados de colaboración, y rechaza en los cargos públicos manifestaciones de carácter religioso
Diferentes posturas
Sea como sea, al carácter aconfesional del Estado español apeló ayer la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, quien abogó por "una escuela aconfesional", del mismo modo, dijo, que lo es el Estado; o el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, quien afirmó que "en los colegios públicos no debe haber crucifijos porque hay que respetar las creencias de todo el mundo".
También el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, señaló que la aconfesionalidad de España que fija la Constitución "implica que en las instituciones y organismos públicos", como son los colegios que financia el Estado, "no debe haber símbolos religiosos".
Por contra, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuestionó la retirada y dudó de que para la inmensa mayoría de los españoles la presencia de crucifijos en las aulas constituya un problema. Y el presidente del Consejo Pontificio de la Cultura del Vaticano, monseñor Gianfranco Ravasi, consideró que quitar el crucifijo es quitar uno de los símbolos que mejor sintetiza y recoge en sí mismo "el dolor de las víctimas de la violencia, del poder".
La Confederación Católica de Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos y Familias (Confapa) apostó porque la retirada de los crucifijos de las escuelas públicas "esté amparada en decisiones mayoritarias de los padres de cada centro" y que sin ese requisito "no sean impuestas en el ámbito escolar las valoraciones de minorías sin peso específico en nuestra sociedad mayoritariamente cristiana". Su presidente, Juan María del Pino, indicó que "respetando profundamente la creencia de cada individuo, no podemos dar por bueno que la presencia de un crucifijo en un aula, donde estudian mayoritariamente alumnos de creencias cristianas, pueda molestar a quienes no profesan nuestra fe". En su opinión, la presencia de un crucifijo en las aulas "no influye tanto como se está diciendo en la formación religiosa de los alumnos, pero sí que es significativo el gesto de quitarlo cuando ya existía".
