De Bruselas llueven millones de euros cada año en ayudas para el campo extremeño --más de 600-- pero también están lloviendo palos en los últimos tiempos que, además, van dirigidos a los denominados cultivos sociales es decir, aquellos que tienen como características comunes el generar mucho empleo, millones de jornales y riqueza a zonas rurales que, en otro caso, sufrirían una más que probable despoblación.

El último capítulo es la reforma de la OCM del viñedo que dejaría tocado a un sector que genera al año 1,5 millones de jornales, ocupa a casi 22.000 agricultores y da empleo en las bodegas a unas 1.200 personas, además de facturar más de 90 millones de euros por año. Pero no es el único.

Si en el caso del viñedo el problema es una nueva OCM, en el del tomate es que la existente no sirve. Según la organización actual, a España le corresponde un cupo de producción máxima de poco más de 1,2 millones de toneladas. La cuestión es que sólo Extremadura produce más de dos millones, lo que supone sanciones a los productores.

Para este año, las multas rondarán, según las organizaciones agrarias, el 30% de la ayuda, con lo que se cobrarían 23 euros por tonelada en lugar de 34. Para el 2007 la perspectiva es aún peor: multa del 60%, es decir, se cobrarían 14 euros. A esto se añade que la industria paga el producto casi tres veces menos que hace diez años.

Los jornales del tabaco

Los agricultores ya han advertido que, de no ponerse sobre la mesa este mismo año 15 millones de euros, y corregir las cuotas españolas en una OCM que debería estar lista en el 2007, este sector, que da 1,4 millones de jornales, cuenta con 3.300 cultivadores y genera 3.000 empleos en la industria transformadora, se vería abocado a la ruina.

Tampoco anda boyante el sector del tabaco. Aquí se conjuga una reducción de ayudas con la intención de que los pagos no estén vinculados a la producción. El campo advierte de que estas intenciones tendrían un impacto irreversible en zonas muy concretas, como ocurre con el norte de Cáceres.

Allí se concentran las 20.000 familias extremeñas que viven de este cultivo, y los trabajadores que cubren los 1,5 millones de jornales anuales. Si se desvinculan las ayudas de la producción, muchos optarán por cambiar de cultivo, hacia otros que necesiten menos mano de obra --por ejemplo, el tomate, lo que agravará la situación de este sector-- dejando sin empleo a muchas personas.

Finalmente, para el olivar, al que se dedican 43.000 agricultores, los actuales niveles de ayuda no cubren --según las organizaciones agrarias-- los costes de explotación en zonas de producción baja, lo que puede acabar con gran parte del sector y despoblar el campo.