Primero fue la forma de presentar la candidatura, a última hora y sin apenas información previa. Segundo, la crisis municipal que originó esta decisión, con la dimisión del alcalde y la renuncia del primer y el segundo teniente de alcalde a relevarle al frente del ayuntamiento. Entre medias surgió un fuerte rechazo en la sociedad extremeña, con la oposición --entre otros-- de la Junta, la Asamblea, las diputaciones, la mancomunidad de Montánchez, el ayuntamiento de Cáceres, el PSOE, el PP, IU e incluso una veintena de organizaciones sociales y ciudadanas. Después llegaron las primeras movilizaciones contra el proyecto y el traslado, de los Ibores a Albalá, de la Plataforma No al Cementerio Nuclear en Extremadura. Luego el PP presentó un recurso contencioso administrativo pidiendo la nulidad del pleno municipal que aprobó la candidatura, Fernández Vara anunció que dimitirá si la instalación se ubica en la región y, finalmente, Albalá fue la aspirante --de un total de ocho-- contra la que se han presentado mayor número de alegaciones en el Ministerio de Industria. Ese parecía que era el último obstáculo de la localidad extremeña en su carrera por conseguir el almacén temporal (ATC) de residuos nucleares. Sin embargo, ahora surge otra dificultad: ¿qué terrenos ofrecer al Gobierno para construir el silo nuclear?

El Ayuntamiento de Albalá dispone de un mes para presentar una propuesta ante el ministerio. La opción más sencilla sería ofrecer suelo municipal. Pero la convocatoria del ATC exige una superficie de entre 25 y 30 hectáreas para construir el almacén nuclear de residuos de alta radiactividad y su centro tecnológico. Y Albalá solo cuenta con una superficie en propiedad suficientemente extensa como para cumplir con este requisito: la dehesa boyal, conocida como Carretona y Encinar, con una superficie total de 695 hectáreas.

El problema que plantea este terreno es que, como suele ocurrir en las dehesas boyales, el suelo es de titularidad municipal, pero las encinas --en este caso se cuenta por cientos-- pertenecen a los vecinos. Estos árboles están adjudicados a las familias del pueblo desde hace dos siglos y desde entonces se han venido traspasando de padres a hijos. Por tanto, el consistorio tendría que negociar con los propietarios para poder ofrecer esta finca como emplazamiento del ATC.

COMPRAR LAS ENCINAS En este punto, aparecen diversas dificultades. Entre ellas, poner de acuerdo a todos los vecinos afectados para que acepten vender y acaten que el proyecto se instale en este lugar. Y más teniendo en cuenta que existe una profunda división en el municipio sobre la pertinencia de aspirar a esta instalación. A las voces claramente contrarias a esta iniciativa industrial, se suman las dudas expuestas por muchos otros. Pura y Juana, dos vecinas del municipio que pasean por la dehesa, aseguran que es difícil postularse: "falta mucha información, no nos han informado bien de las ventajas e inconvenientes y así no te puedes posicionar". La segunda, propietaria de una decena de encinas de la Carretona , apunta que "si me tienen que tocar mis árboles, yo me opongo al cementerio nuclear".

Además, hay que tener en cuenta un aspecto no menos delicado, y es que en este terreno está ubicada la ermita de San Joaquín, patrón del pueblo y lugar de romería.