Durante la gestión de Fernández Vara se han aprobado dos leyes que dotan de más derechos a los usuarios del sistema público. Una de ellas es la de tiempos máximos de espera, que fija 180 días de demora máxima para ser operado, 60 para ser visto por el especialista y 30 para la realización de pruebas. Además, estos tiempos se han reducido ya en ciertas especialidades. También se aprobó la ley de información sanitaria, que, entre otras cuestiones, regula la eutanasia pasiva.
En esta época también ha recibido algún varapalo judicial. El más importante es la anulación por el Tribunal Constitucional de la prohibición de comprar y vender boticas recogida en la ley de farmacia, y que ha llevado a la revisión completa del texto. En su nueva versión, no sólo se autoriza esta práctica sino que casi se convierte de hecho en la única forma de hacerse con la titularidad de una botica.
