Más de 3.000 policías y guardias civiles comenzaron el lunes a vigilar el entorno de determinados centros educativos para luchar contra la venta de drogas y el consumo de estupefacientes, una medida apoyada por los colegios y los padres de todo el país.
El plan del Ministerio de Interior, que durará un mínimo de dos años, supone una movilización de al menos 3.124 agentes en todo el territorio nacional durante una primera fase, y se ha puesto en marcha tras constatar la disminución de la edad de inicio de consumo de drogas, que se ha situado entre los 14 y los 15 años.
El programa se aplicará de acuerdo a un "mapa de puntos de riesgo específicos", diseñado según las zonas con antecedentes de "menudeo" de drogas y en las que hay centros docentes, según explicó a Efe el comisario principal de la Subdirección General Operativa y coordinador general del Plan Antidroga de la Dirección General de la Policía, Jesús María Corral.
La presencia policial se regirá por el principio de la menor perturbación posible a los centros escolares, aseguró Corral tras explicar que, aunque no se puede afirmar si hay más problemas en unas comunidades autónomas que en otras, la proximidad del sur de España con las áreas de introducción de drogas derivadas del cannabis eleva el riesgo en esta zona.
Sólo algunas asociaciones de estudiantes han dudado del la efectividad del plan y así, el presidente de la Unión Democrática de Estudiantes, Alvaro Vermoet, "liberal" y contrario a la prohibición de las drogas, apuntó que "la solución al problema de las drogas en el caso de los jóvenes y estudiantes no deben ser medidas policiales y coercitivas por la fuerza del Estado, sino educativas".
