El 17 de septiembre del 2003 la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente aprobaba una orden en la que establecía "medidas específicas de carácter sanitario aplicables en zonas de especial incidencia de brucelosis bovina". Establecía la vacunación obligatoria con ´B-19´ para hembras bovinas de 3 a 6 meses en 15 municipios.
El 22 de noviembre del 2004 una nueva orden modificaba la norma anterior. En esta ocasión Agricultura confirmaba el uso de la ´B-19´ para 14 municipios, rebajaba el nivel de control en Holguera y Riolobos y en algunas zonas de Coria. Además en esta orden se incluía la obligatoriedad de vacunar con ´RB-51´ el 100% de las explotaciones de 9 localidades, así como algunas fincas de otros seis municipios.
La administración de las polémicas vacunas ´RB-51´ corresponde a los técnicos de la empresa pública estatal Sanidad Animal y Servicios Ganaderos SA (Tragsega), perteneciente al holding público Tragsa.
Tragsega se constituyó el 20 de diciembre del año 2001 cumpliendo así el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros del 16 de noviembre de ese mismo año. Su objeto social consiste en la realización de todo tipo de actuaciones, trabajos y prestación de servicios; la elaboración de estudios y planes; y en general todas las actividades de ingeniería, planificación, organización, gestión, administración y supervisión de cualquier tipo de servicios, todo ello de tipo ganadero.
Tras las órdenes dictadas por la Junta ya han sido vacunadas con la ´RB-51´ unas 30.500 vacas. La Junta recuerda que los ganaderos deben comunicar a la Administración los abortos que se registren.
