Mantener los mismos servicios pero con unos ingresos muy mermados. Llegar a ese objetivo supone en estos momentos un quebradero de cabeza para cualquier ayuntamiento español. Las retribuciones asignadas por el Estado a los municipios han disminuido un 26% en los dos últimos años, una situación agravada por el hundimiento de las rentas procedentes del ladrillo. Así las cosas, no resulta extraño que la deuda que los consistorios extremeños tienen comprometida con las entidades financieras haya aumentado más de un 19% en un año, situándose al cierre del ejercicio 2009 en 308,3 millones de euros, de acuerdo con los datos hechos públicos el pasado jueves por el Ministerio de Economía y Hacienda. Estas cifras recogen únicamente el débito contraído con bancos y cajas, por lo que excluyen el que los consistorios puedan tener con la Seguridad Social y Hacienda o con los proveedores.

El incremento contabilizado en Extremadura es muy superior al registrado en el conjunto del país, que ha sido del 11,2%, si bien es cierto que la deuda per cápita de los consistorios extremeños (279 euros) sigue siendo considerablemente menor que la de la mayor parte de las comunidades autónomas y es menos de la mitad que la media nacional.

En esta línea, Ramón Ropero, portavoz y coordinador del grupo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que está negociando con el Ministerio de Economía el nuevo modelo de financiación local, admite que la deuda de los ayuntamientos extremeños no es "para lanzar las campanas al vuelo" pero subraya que comparativamente "estamos mucho mejor que el resto de España".

Ropero, que es también alcalde de Villafranca de los Barros, señala que en la época de bonanza económica, cuando los ingresos procedentes del Estado han sido superiores, "todos los municipios hemos dotado a nuestras localidades de servicios que no son de competencia municipal pero que nos demandaban los ciudadanos, porque otras administraciones no lo hacían". Y ahora, cuando llegan las vacas flacas, "a ver qué alcalde se atreve a desmantelar estos servicios". A este responsable de la FEMP no le consta que haya ayuntamientos extremeños que actualmente se encuentren en una situación crítica o que hayan dejado de pagar las nóminas a sus trabajadores: "Todo el mundo tiene dificultades y a lo mejor a los proveedores tardas en pagarles tres o seis meses, pero las nóminas las abonas aunque tengas que hacer filigranas".

Esta mejor situación económica de los municipios extremeños, indica Ropero, está vinculada en buena medida con el menor impacto que ha tenido en la región la crisis inmobiliaria. "Hay ayuntamientos en España que quieren hacer un ERE, que tenían un 70% de ingresos del ladrillo porque se estaban haciendo 25.000 viviendas al año y de la noche a la mañana se han encontrado en la miseria. Eso aquí no ha pasado", resalta.

Después de los 13.000 millones de los dos planes E --"el 100% de la financiación local de toda España", incide Ropero-- este alcalde cree que el problema ya no son tanto las inversiones "como el capítulo 1 (personal) y el gasto corriente, porque nadie quiere dejar de prestar servicios y más en un año preelectoral".

Ropero considera necesario que haya cambios en la próxima ley de haciendas locales ya que a su juicio la actual es "injusta", al asignar un valor económico a cada habitante en función del tamaño del municipio. "Mientras que Málaga cobra por un habitante suyo casi 600 euros, Badajoz recibe 300, cuando cuenta con los mismos servicios. Y en el caso de Villafranca, se cobra la mitad que en Badajoz". La consecuencia es, explica, que solo la mencionada capital andaluza "cobra más que toda Extremadura".