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´Operación Tomba´ El entramado empresarial

Un dinero de ida y vuelta

 

J. A. A. MERIDAJ. A. A. MERIDA 24/07/2003

Las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil para esclarecer el presunto fraude del tomate extremeño han desvelado la creación en la región de un complejo entramado empresarial y financiero que durante varios años logró ocultar, a través de facturas más que dudosas y extraños libros de actas, las posibles irregularidades ahora conocidas.

Los verdaderos perjudicados, los agricultores, los que no han denunciado el caso ante los tribunales, fueron testigos privilegiados de cómo una perfecta maquinaria establecía un llano camino de ida y vuelta para cantidades millonarias que en ocasiones sólo veían durante unas horas.

La compleja metodología del fraude presuntamente desarrollado entre 1997 y el 2000 se basaba, según Interior, en "un conjunto de personas --al menos quince, los imputados-- perfectamente organizadas que han utilizado su posición en diversas empresas". Así, según parece, cuando Transa, Conesa y Agraz compraban tomate a través de la OPFH Los Corbos y la Cooperativa Los Corbos pagaban inicialmente el precio mínimo que para esa campaña hubiese fijado la UE.

COBRO DEL ´IMPUESTO´

Sin embargo, y como ya se había informado previamente a los productores, se les cobraba el que el sector conoce como el impuesto revolucionario . De esta forma, los agricultores eran obligados a pagar facturas por servicios presuntamente prestados por Sayco, como la recolección --aunque ya estuviese recogido el tomate-- o el simple asesoramiento. En total, cada productor pagaba entre una y dos pesetas por cada kilo que había vendido a las industrias.

Una vez que Sayco había recuperado todo el dinero, continúa el informe, se lo pagaba a Conesa, Transa y Agraz --según lo acordado previamente-- en base a unas facturas por los teóricos servicios que las industrias prestaban a la propia empresa de servicios. El pormenorizado estudio de las facturas desvela que lo que pagaba Sayco a las grandes transformadoras coincide con lo que cobraba a los agricultores de Los Corbos. Es decir, que el dinero acababa retornando a su punto de origen.

Además, las investigaciones desarrolladas han permitido comprobar que las industrias cobraron ayudas por 16 millones de kilos de tomate que pese a que provenían de la Sociedad Cooperativa Los Corbos no habían sido producidos por sus socios, sin que se haya averiguado su procedencia.

CONCLUSIONES

El Equipo de Fraude de la Guardia Civil, que inició las investigaciones a instancias de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf), concluye que "las tres industrias, con la colaboración necesaria de Sayco, la OPFH Los Corbos y la Sociedad Cooperativa Los Corbos, han incumplido al menos tres requisitos esenciales para la obtención de la ayuda comunitaria: no respetar el precio mínimo, hacer pagar al agricultor parte del transporte y adquirir tomate de la OPFH Los Corbos sabiendo que no procedía de los agricultores asociados".

En las tres campañas investigadas Conesa logró de la UE ayudas por valor de 12 millones de euros (2.000 millones de pesetas), Transa de 10,82 millones de euros (1.800 millones de pesetas) y Agraz --sólo en 1998-- de 4,8 millones (800 millones de pesetas). Es decir, 27,6 millones de euros (cerca de 4.600 millones de pesetas) que según la Guardia Civil deberían volver a las arcas europeas.