Los ayuntamientos extremeños podrán disponer en los próximos años de un registro urbanístico mucho más actualizado. Según ha indicado a EL PERIODICO EXTREMADURA el gerente del Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Badajoz, Manuel Cordero, la Dirección General del Catastro va a ampliar los muestreos, las ortofotografías y las inspecciones con el objetivo de obtener una perspectiva mucho más real de la situación urbanística y la ocupación del suelo de todas las localidades del país.

Cordero explicó que se acaba de elaborar una ley y un reglamento que permitirán que los ayuntamientos colaboren de forma más estrecha y directa con el Catastro. Con estas nuevas medidas, según explicó, los consistorios podrán comunicar a este organismo los cambios de utilidad simplemente a partir de las licencias de obra urbanística. De esta forma no tendrán que esperar a que el ciudadano lo presente en las oficinas municipales. Hasta ahora eran los propietarios los que estaban obligados a presentar la documentación oportuna dentro de los dos meses siguientes a la finalización de la obra.

Fue la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la que propuso al Ministerio de Economía y Hacienda mejorar el sistema. En opinión de Manuel Cordero, actualmente "se están dando pasos importantísimos". En este sentido, indica que Extremadura siempre ha sido pionera. Aquí se comenzó a asumir la recaudación y la gestión tributaria por parte de las diputaciones en el año 1996 y ahora se está empezando a aplicar, "como experiencia piloto", el catastro externo. Según aclaró, esta iniciativa podría permitir una actualización automática desde los propios ayuntamientos, sin necesidad de tener que intercambiar documentos.

DEMASIADA BUROCRACIA El gerente del organismo advierte que se avanzará en uno de los grandes problemas del Catastro. "Somos provincias rurales, donde las escrituras públicas no eran habituales y complicaba la gestión. Además, el modelo 902 (documento para tramitar el alta como propiedad urbana) era técnicamente complejo y obligaba a algunos ciudadanos a recurrir a agencias que se lo hagan y que les cobraban bastante. Antes se requería una documentación basta y extensa", añade.