La mayoría de los directores de los centros de enseñanza de Extremadura coinciden en que el sistema educativo mejoraría si dispusieran de mayor autonomía para el desarrollo de sus funciones con el fin de adaptarse a sus necesidades particulares. Esta flexibilidad sería bien acogida por el resto de la comunidad educativa siempre que parta de un marco de actuación común bien definido que garantice la igualdad para todos los alumnos.

Esta es una de las principales conclusiones que se conocieron ayer en la Jornada de Presentación de Aportaciones al Documento de Propuestas para la Ley de Educación de Extremadura, en la que se ofreció una síntesis de las casi 18.000 aportaciones que dicho texto ha recibido procedente de todos los ámbitos implicados en el sector de la enseñanza. Una vez trasladado el sentir general de la comunidad educativa, los aproximadamente 800 participantes en la jornada de ayer pudieron debatir sobre las mismas y llegar a unas conclusiones generales que se incorporarán, este es el compromiso de la administración regional, al texto que dentro de aproximadamente medio año se convertirá en la primera ley regional de la enseñanza en Extremadura, después de diez años desde que se asumieran las competencias en la materia.

El director general de Política Educativa, Felipe Gómez Valhondo, fue el encargado de exponer la síntesis de las aportaciones. Así, señaló que hay "una absoluta unanimidad en que los centros deben tener un margen propio de autonomía que les permita adecuar su actuación a las circunstancias y exigencias concretas de sus respectivas comunidades", y añade que debe incrementarse su capacidad de decisión en los ámbitos pedagógico, organizativo y de gestión, incluido lo referente al aspecto económico.

De esta forma, los equipos directivos tendrían mayor margen de maniobra para organizar de forma más flexible los espacios, los horarios del alumnado y del profesorado o los programas de apoyo y refuerzo.

La opinión generalizada de la comunidad educativa al respecto es positiva, aunque con las reservas propias que ofrece una idea nueva que aún no cuenta con un marco común que regule la capacidad real que tendrán los centros para acomodar su funcionamiento.

Por parte del profesorado, Adrián Vivas, del sindicato CSI-F, señala que sería positivo siempre que se evite la competencia entre unos centros y otros. Por otro lado, el vicepresidente del sindicato PIDE, Alfredo Aranda, comenta que esta autonomía no será efectiva mientras que no sean los claustros de profesores quienes designen a los equipos directivos.

Al inicio de la jornada, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, destacó la trascendencia de la futura ley y la importancia que le confiere la participación de toda la comunidad, con el fin de que finalmente se apruebe un marco jurídico de consenso y estable.

Tanto los representantes de los profesores como los de las familias coinciden en valorar la participación, pero prefieren esperar al texto articulado para valorar con mayor precisión el resultado, ya que echan de menos una memoria económica que garantice su ejecución y un calendario que ponga fechas a cuestiones como la carrera profesional docente o la descentralización del sistema en distritos.